Otro gremio presiona a Kicillof y le exige reactivar la negociación salarial 2025

La tensión salarial en la provincia de Buenos Aires volvió a subir esta semana, luego de que la Asociación Judicial Bonaerense le reclamara al Ministerio de Trabajo reactivar la paritaria 2025. El pedido, que se suma al ya presentado por ATE, busca asegurar una negociación urgente sobre salarios y condiciones laborales antes de fin de año.

El sindicato recordó que la última reunión con las autoridades tuvo lugar el 20 de noviembre y que, desde entonces, no se recibió convocatoria oficial. La falta de señales generó incertidumbre entre los trabajadores judiciales, que exigen definiciones claras sobre los ingresos del año próximo y advierten que esta demora complica su planificación económica.

La AJB señaló que la reapertura de la mesa paritaria debe abordar todos los temas pendientes de la agenda anual. Entre ellos, destacan la regularización de subcategorías para cargos de menor antigüedad y los reclamos de jubiladas, jubilados y pensionados del Poder Judicial, que consideran esenciales para equilibrar la carrera judicial.

Desde el sindicato remarcaron que el contexto inflacionario deteriora el poder adquisitivo y hace urgente una recomposición salarial. La falta de avances, sostienen, profundiza la pérdida acumulada y pone en riesgo la estabilidad económica de los trabajadores, por lo que la convocatoria inmediata es “indispensable” para mantener la negociación activa.

El reclamo de la AJB se suma al de ATE, que días atrás también solicitó al Ministerio de Trabajo bonaerense reabrir la discusión sobre la Ley 10.430. Ambas organizaciones coinciden en que los tiempos se acortan y que los trabajadores necesitan certezas sobre los ajustes salariales antes del inicio del próximo año.

La presión sobre la administración de Axel Kicillof crece mientras distintos sectores del Estado provincial exigen respuestas. Con la paritaria 2025 aún sin definición y los sindicatos movilizados, el Gobierno enfrenta un escenario complicado que obliga a acelerar los diálogos y garantizar acuerdos que eviten mayores tensiones en la administración pública.