El empleo público bonaerense pisa el freno y se estancó: los datos del Presupuesto 2026

El Proyecto de Presupuesto 2026 que el gobierno de Axel Kicillof envió a la Legislatura bonaerense confirmó una tendencia que se viene consolidando desde hace al menos tres años: el empleo público en la Provincia de Buenos Aires prácticamente se detuvo. Los datos oficiales muestran que, tras un período de crecimiento moderado, la cantidad de cargos en el Estado provincial se mantiene estable, sin expansión significativa.

Según las cifras incluidas en las sucesivas leyes de presupuesto, el total de cargos pasó de 360.041 en 2023 a 364.871 en 2025, y se proyecta en 364.825 para 2026. Se trata de una variación mínima, casi nula, que marca un freno en la creación de nuevos puestos. En términos porcentuales, el crecimiento es inferior al 0,02%, lo que representa el nivel de incremento más bajo de la última década.

El dato contrasta con los discursos opositores que acusan a Kicillof de sostener un aparato estatal sobredimensionado. Las estadísticas oficiales y comparaciones nacionales lo desmienten: Buenos Aires tiene 46,7 empleados públicos cada mil habitantes, según el Censo 2022 procesado por Argendata. Este indicador ubica a la provincia muy por debajo de las jurisdicciones patagónicas o del NOA, donde los valores superan los 100 empleados cada mil habitantes.

La composición del empleo también muestra cambios internos. En la Administración Central, el BAPRO, IOMA y Loterías, los movimientos son marginales o incluso levemente descendentes. En el ámbito educativo, en cambio, crece el número de horas cátedra provisionales, mientras descienden las titulares. El sistema absorbió mayor demanda social con más horas y mayor flexibilidad contractual, sin que eso se traduzca en nuevos cargos permanentes.

En este contexto, el Presupuesto 2026 exhibe un Estado más estable que expansivo, con una estrategia orientada a sostener la gestión y atender la demanda social sin ampliar la planta de personal. El freno en el empleo público refleja tanto restricciones fiscales como una decisión política de moderar el gasto estructural. La discusión legislativa sobre el presupuesto pondrá en debate si esa meseta responde a una mejora en la eficiencia o a un límite impuesto por la falta de recursos.