6 oct 2021
Tras la resolución de la Suprema Corte de Justicia bonaerense que estableció la vuelta a la presencialidad, el Gobierno de Axel Kicillof dispuso que las y los trabajadores de la administración pública también deberán volver a las oficinas.
A través del decreto 837 publicado este miércoles en el Boletín Oficial, se determinó que “cada jurisdicción u organismo implementará la medida en un plazo no mayor a 5 días hábiles y determinará las adecuaciones que deberán efectuarse en las instalaciones donde se presten servicios, para dar cumplimiento a los protocolos”.
El regreso deberá efectivizarse el lunes 18, ya que el próximo viernes y el lunes son feriados por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Sin embargo, la disposición establece excepciones para el retorno a la presencialidad para la población de riesgo con relación al coronavirus.
De ese modo, quedan habilitados a llevar a cabo las tareas asignadas bajo la modalidad de trabajo domiciliario las personas que estén cursando un embarazo en cualquier trimestre, los mayores de 60 años, las personas inmunosuprimidas y los pacientes en tratamiento oncológico.
También las personas que padezcan enfermedades respiratorias crónicas, cardiovasculares, diabetes, obesidad mórbida, insuficiencia renal crónica en diálisis o con expectativas de ingresar a diálisis próximamente. “Siempre y cuando no presenten comorbilidades mencionadas en los grupos de riesgo”, aclararon.
“Sólo será de aplicación la excepción a la modalidad de trabajo presencial para la población de riesgo cuando las personas hayan iniciado su esquema de vacunación y aún no hayan transcurrido 21 días corridos de haber completado dicho esquema con cualquiera de las vacunas”, se aclaró en el decreto que lleva las firmas de Kicillof y del ministro de Salud, Nicolás Kreplak, de Hacienda, Pablo López; y del jefe de Gabinete, Martín Insaurralde.
Asimismo, detallaron: “La excepción prevista no podrá ser solicitada por quien, pudiendo acceder a la vacunación, opte por no inscribirse a vacunarse o que, habiéndose inscripto, no asista a su turno de vacunación por razones de índole personal, quien podrá ser convocado/a a prestar tareas presenciales”.
Las personas exceptuadas deberán acreditar la existencia de las patologías ante la Dirección de Salud Ocupacional, dependiente de la Subsecretaría de Empleo Público y Gestión de Bienes del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros, y la Dirección de Calidad Laboral de la Dirección General de Cultura y Educación, según corresponda.
“En caso de que el/la trabajador/a se encuentre en proceso de vacunación en una jurisdicción distinta a la provincia de Buenos Aires, deberá presentar la correspondiente constancia que dé cuenta de su inscripción”, explicaron.
En el marco de la vuelta a la presencialidad y de nuevas flexibilizaciones, el pasado martes 5 de octubre la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) calificó la medida dispuesta por la Suprema Corte de “apresurada y sin debate previo”. Resta esperar cómo se llevará a cabo este regreso con los estatales.
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