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El gobierno de María Eugenia Vidal tuvo que modificar la resolución del Ministerio de Agroindustria que conduce Leonardo Sarguís, la cual que intentó determinar pautas para el uso de agroquímicos. La medida está suspendida por un año para "optimizar las condiciones de operatividad".
La resolución 246 de la cartera que conduce Sarquís, publicada en diciembre de 2018, comenzó con el pie izquierdo y trajo duros rechazos de distintos sectores afectados, al considerarlo una “medida de carácter general y sin parámetros concretos para limitar la aplicación de fitosanitarios”.
Fueron cerca de 300 organizaciones sociales, educativas y de Derechos Humanos, quienes emitieron a mediados de enero un duro comunicado para oponerse a la norma y señalaron que "debilita el ya débil control del Estado, al delegar en los ingenieros agrónomos contratados por las empresas y los privados que requieren la aplicación de agrotóxicos, la decisión de con qué y cómo fumigar".
En ese marco, uno de los artículos más criticados de la resolución fue el 5°, donde la administración bonaerense limitaba el uso de agroquímicos en zonas de escuelas solo en horario de clases.
Tras las críticas, el Ejecutivo provincial tuvo modificar el Artículo 5°, aunque sigue sin establecer distancias concretas. En el nuevo escrito, la administración bonaerense llama a los productores a "abstenerse en forma total de realizar aplicaciones y pulverizaciones de fitosanitarios, en los lotes que linden con establecimientos educativos, campos de bombeo o baterías de pozos para el abastecimiento público, cuerpos y cursos de agua emplazados en el área rural".
Además de la suspensión de la vigencia por un año, el govierno provincial que conduce Vidal resolvió crear "un equipo de trabajo técnico multidisciplinario e interinstitucional con el objeto de elaborar un protocolo específico de aplicación" para zonas de amortiguamiento. Estos sectores son los lotes contiguos a áreas urbanas, las zonas residenciales extraurbanas y áreas de población dispersa; los márgenes de cursos de agua o cuerpos de agua y zonas de bombeo; los establecimientos educativos; las áreas de esparcimiento; y las reservas naturales.
En el mundo rural, se sabe que Sarquís desde su llegada al Ministerio insistió mucho en el diseño de esa resolución e incluso aceitó contactos con cerca de un 50 intendentes para que se adhieran al polémico protocolo.
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