El Tribunal Oral en lo Criminal N°1 resolvió en un polémico fallo dejar absueltos a los tres imputados que estaban acusados por el femicidio y abuso sexual de Lucía Pérez, la joven de 16 años de Mar del Plata que fue asesinada en 2016 y cuyo crimen dio origen al primer Paro Nacional de Mujeres en el país.
La decisión de los jueces Facundo Gómez Urso, Aldo Carnevale y Pablo Viñas fue de condenar a Matías Farías (25) y a Pablo Offidani a ocho años de presión por “tenencia de estupefaciente con fines de comercialización", mientras que Alejandro Maciel (61) fue absuelto.
Ambos condenados fueron considerados responsables del delito de "tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por ser en perjuicio de menores de edad y en inmediaciones de un establecimiento educativo", pero fueron absueltos por el crimen de "abuso sexual con acceso carnal agravado por resultar la muerte de la persona ofendida y favorecido por el suministro de estupefacientes".
El caso de Lucía Pérez generó una gran repercusión tanto a nivel nacional como internacional, luego de que la fiscal que originalmente estaba a cargo de la causa, María Isabel Sánchez, informara en los inicios de la investigación que la víctima había sido drogada, violada y "empalada", esto último finalmente descartado.
Tras conocerse el polémico fallo, el Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, cuestionó el fallo judicial al sostener que “naturaliza la violencia contra las mujeres”.
“La impunidad frente a la muerte o el asesinato de una mujer no sólo alienta nuevos abusos, sino que también transmite el mensaje de que la violencia contra la mujer es aceptable o normal”, precisó Lorenzino.
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En ese sentido, Lorenzino indicó: “Pareciera que el asesinato es sólo un daño colateral de la compra y venta de drogas. La Justicia dejó pasar una oportunidad de reprochar conductas graves contra el cuerpo, la integridad sexual y la vida de una joven que sufrió una muerte terrible”.
“La impunidad, además de negarle justicia a la víctima y a sus familiares, refuerza las relaciones de género reinantes y la reproducción de desigualdades estructurales de dominación”, indicó el Defensor del Pueblo.