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El juez Claudio Bonadio procesó, con pedido de prisión preventiva, a la senadora nacional y ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. La acusa de ser jefe de una asociación ilícita, responsable de comandar una estructura desde el Estado para la recaudación de fondos ilegales.
Si bien el juez dictó la prisión preventiva, como CFK es senadora, para que se concrete la detención deben quitarle sus fueros parlamentarios. Sin embargo, el magistrado dejó pendiente el pedido de desafuero hasta que la Cámara Federal revise la decisión que firmó este lunes, minutos después de las 15. Si la Cámara confirma el procesamiento, entonces se pedirá el desafuero.
El procesamiento también alcanzó a Julio De Vido, Roberto Baratta y José López, entre otros ex funcionarios del ex Ministerio de Planificación Federal, y una larga lista de empresarios convertidos en imputados colaboradores en el expediente.
De acuerdo a Bonadio, la investigación mostró la existencia de "una organización delictiva conformada por funcionarios públicos, quienes valiéndose de medios oficiales (incluyendo vehículos, empleados, equipos de telefonía celular, etcétera) y comandados por quienes fueran titulares del Poder Ejecutivo Nacional (Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández) y del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (Julio Miguel De Vido), actuó entre los años 2003 y 2015".
Según indicó el juez de la causa, el objetivo era "procurar la percepción de sumas de dinero ilegítimas por parte de diversos particulares, muchos de ellos empresarios contratistas de la obra pública del Estado Nacional”.
En la causa de los "cuadernos de la corrupción", el magistrado determinó que "durante un lapso cercano a los ocho años ─cuanto menos─, Roberto Baratta (subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal), Nelson Javier Lazarte (secretario privado de Baratta), Hernán Camilo Gómez (funcionario de la subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal), Fabián Ezequiel García Ramón (Director Nacional de Energías Renovables y Eficiencia Energética del Ministerio de Planificación Federal), Rafael Enrique Llorens (subsecretario Legal del Ministerio de Planificación Federal) y Walter Fagyas (presidente de ENARSA), efectuaron las cobranzas a distintos particulares, habiendo sido trasladados, en la mayoría de las oportunidades, en vehículos conducidos por Oscar Bernardo Centeno".
Sobre el funcionamiento de la operación, el juzgado indicó: "Previo percibir el porcentaje que correspondiera a sus tareas, procedían a entregar los fondos recaudados a otros funcionarios, tales como José María Olazagasti (secretario privado de Julio Miguel De Vido), Hugo Martín Larraburu (coordinador de la Unidad Ministro del Jefe de Gabinete de Ministros), Juan Manuel Abal Medina (Jefe de Gabinete de Ministros) y Héctor Daniel Muñoz (secretario privado de la Presidencia de la Nación)".
Finalmente, la última instancia “era derivar -el dinero- a manos de los verdaderos beneficiarios de la maniobra ilícita: Néstor Carlos Kirchner, Cristina Elisabet Fernández y Julio Miguel De Vido".
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