Vidal, la batalla con los Gobernadores y el flanco abierto de los “aportes truchos”

Por Juan Alfaro (ALFA) | @alfajuan

Los planos de movimiento están sobre la mesa de acción. Las variables son pocas y el tiempo comienza a anunciar que correrá más rápido. Las negociaciones políticas también se muestran protagonistas, aunque –hasta ahora– no han mostrado demasiadas sonrisas con María Eugenia Vidal y sus colaboradores. La pulseada que mantienen los gobernadores del PJ y la mandataria bonaerense aún no tienen solución definida. El objetivo de la reducción del déficit fiscal que pide como condición el FMI para darle el auxilio al gobierno de Mauricio Macri provocó un serio dolor de cabeza para la administración bonaerense. El pedido de los mandatarios del PJ, en voz del cordobés Juan Schiaretti, quien en una provocativa declaración pidió terminar con los “privilegios” de la provincia de Buenos Aires y de allí poner en el centro de la escena el traspaso de Nación de las empresas Edenor, Edesur (que abastecen a la capital y a unos 28 municipios bonaerenses), del sistema de transporte y de Aysa a la órbita de los gobiernos de la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma, desató un interna en Cambiemos, que por ahora no tiene final concreto. El tablero de tensión.

Durante la semana pasada, Vidal conjugó nuevamente una estrategia común con su “mentor político”, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y juntos diseñaron un plan de acción para negociar con Nación las formas del traspaso de las tres empresas mencionadas. Se desarrollaron tres reuniones en cinco días –principalmente con el superministro de Finanzas y Hacienda, Nicolás Dujovne– en las que, muy lentamente, se avanzó en un acuerdo. Según trascendió, el traspaso de Edenor y Edesur a las órbitas porteña y bonaerense será paulatino. Por ahora quedó descartado el caso de Aysa. Según los números que se manejan por estas horas, todo el “paquete” tendría un costo cercano a los 100 mil millones de pesos: 50 mil millones por el transporte del área metropolitana, 35 mil millones por las eléctricas, y 5 mil millones por AYSA. Pero más allá de la cantidad de pesos que irrumpiría el gasto de la administración bonaerense, los especialistas alertan que el traspaso generaría diversas complicaciones en el plano económico. En primer lugar, hacen hincapié en un aumento de tarifas en el Conurbano, a diferencia de Capital, las cuestiones técnicas operativas y el formato de contrato que actualmente tienen las empresas eléctricas. Los traspasos de Edenor y Edesur y del transporte, cabe destacar, son dos de las condiciones puestas por los “gobernas” peronistas, para sentarse a negociar el acuerdo de ajuste del gasto público según el FMI para el año que viene y que deberá quedar plasmado en el Presupuesto 2019, que tiene que ingresar al Congreso antes del 15 de septiembre. Según un documento elaborado por los gobiernos provinciales opositores, el “ahorro”, por el eventual traspaso del transporte, será de $ 49.210 millones para el Estado nacional. Ecuaciones, números y tensiones.

El tablero es complejo, Vidal nuevamente está en medio de la pulseada de los Gobernadores con Macri y esta vez parece que se le viene una en contra. De concretarse el traspaso, muchos analistas sostienen que todo lo “recuperado” por la restitución del Fondo del Conurbano sería en vano y la postal sería retrotraer la situación a diciembre de 2015. El escenario no es fácil, en la Casa Rosada la ansiedad comienza a hacer de las suyas y la pulseada entre Macri y los mandatarios peronistas tiene más aristas de tensión. Si bien Macri, su poderoso jefe de Gabinete, Marcos Peña, y Super Dujovne quieren acordar, no tienen reparos en replicar el Presupuesto 2018 si es que los gobernadores del PJ complican la negociación. Del otro lado de la vereda, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, Vidal y Larreta apuestan a generar un acuerdo como un factor clave para consolidar la gobernabilidad y la confianza en que se cumplirá el programa. Mientras tanto, “Mariu” quiere preparar el terreno bonaerense para las novedades que vendrán. En una ansiosa campaña de recorrida por la gran aldea bonaerense, el titular de la Cámara de Diputados de la Provincia, Manuel Mosca, visitó varios distritos para sumar apoyo a las negociaciones que lleva adelante la Gobernadora. Los apoyos son variados, desde Sergio Massa hasta el alcalde de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde: ¿Quién podría negarse a defender los recursos de los bonaerenses? Principalmente, Cambiemos logró el apoyo del sector del PJ “dialoguista”, sobre todo en la cuestión de Aysa que, dicho sea de paso, es el tema que casi ya no está sobre la mesa de las negociaciones con Nación y de paso, para generar mayor peso político, impulsa un proyecto en la Legislatura de repudio hacia los dichos de Schiaretti, pero que por ahora cosechó pocos avales de la oposición. Movimientos tácticos sobre el tablero.

En lo político y en lo económico el principal problema para Vidal se posa sobre este tablero y las derivaciones: malestar social y crecimiento de los “desencantados”, descenso en las encuestas y puja con gremios docentes y estatales. Sin embargo, a medida que se conocen más casos, las denuncias por “aportes truchos” a la campaña del 2017 de Cambiemos, amenazan con transformarse en una bomba de tiempo que, tarde o temprano, estallará y las esquirlas llegarán al propia Gobernadora. Las investigaciones periodísticas de este fin de semana realizadas por el programa web El Destape, sostienen que más de 800 personas fueron puestas sin su consentimiento como aportantes del partido gobernante en la campaña de las legislativas del año pasado. Hasta ahora, la Justicia comprobó varios casos. A pedido del fiscal Carlos Stornelli (de conocidos vínculos con el macrismo), el juez Sebastián Casanello abrió una causa al respecto e imputó a los responsables económicos de Cambiemos: Silvia Chabán, por el PRO, y Alfredo Irigoin, por la UCR. Con la decisión de Casanello se produjo una segunda investigación por las irregularidades denunciadas a cargo del fiscal Jorge Di Lello, quien abrió un expediente de oficio y donde la Cámara Electoral le confirmó que los aportes cuestionados corresponden a personas que figuran como aportantes, pero que declaran no haberlo hecho. Por otro lado, la senadora bonaerense María Teresa García, presidenta del bloque de Unidad Ciudadana en la Cámara Alta, se presentó en el Juzgado Nº 3 de La Plata, a cargo de Ernesto Kreplak, para que se investigue a la Gobernadora toda vez que considera que, como presidenta del PRO bonaerense, Vidal “no podía estar ajena” al escándalo. La legisladora solicitó que se la investigue por “usurpación de identidad, falsificación de documentos, lavado de activos y violación de secretos y privacidad”. Las graves denuncias salpican a los principales dirigentes del PRO bonaerense (donde la Gobernadora es presidenta) y donde, por ejemplo, la tesorera es María Fernanda Inza, recientemente nombrada al frente de la Contaduría General de la Provincia, tras su paso por la Secretaría Legal y Técnica. El caso no es para nada menor. De comprobarse más casos y, por ende, su expansión por todos los rincones de la Provincia, no sólo se estaría poniendo sobre la mesa la acción de un delito, sino que penetra de lleno en uno de los estandartes con los que Vidal llegó al gobierno bonaerense: combatir la corrupción.

Fuente: ANDigital