El miércoles pasado el titular de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (Arba) Cristian Girard bajó a la Legislatura bonaerense para brindar detalles sobre Ley Fiscal Impositiva 2027, tras ello, desde la oposición cuestionaron puntos del Inmobiliario Urbano como la actualización del 30% a las valuaciones de las propiedades sin mover el tope de exención de $273.600, una medida que hará aumentar un 40% la cantidad de contribuyentes alcanzados por el impuesto inmobiliario.

Ante las comisiones de Presupuesto e Impuestos de ambas Cámaras legislativas, el titular de Arba defendió el paquete económico enviado por Axel Kicillof junto al Presupuesto 2027 y el pedido de endeudamiento por USD 1.000 millones.
Según Girard el Inmobiliario Urbano Edificado tendrá una actualización promedio del 30,4%, atada a la inflación acumulada entre noviembre de 2025 y noviembre de 2026, con un 89,3% de las partidas registrando aumentos anuales menores a $50.000.

Sin embargo, el punto crítico está en quiénes pasan a pagar a partir del próximo año el impuesto inmobiliario en la provincia de Buenos Aires. Al subir las valuaciones fiscales en torno al 30% y mantener congelado el tope de exención en $273.600, crece cerca de un 40% el universo de contribuyentes —un salto que el propio diputado oficialista y vicepresidente de la Cámara Baja bonaerense, Alexis Guerrera ubicó entre el 30% y el 40%—.
Para los baldíos se prevé una suba similar sin tope para incentivar su desarrollo, mientras que el Inmobiliario Rural promedia un 29,3% de ajuste.
Desde la Coalición Cívica, el diputado Andrés De Leo puso bajo la lupa las cuentas oficiales y habló de inconsistencias entre los aumentos previstos y los recursos proyectados. “Cuando uno ve el incremento de recaudación propuesto para el impuesto inmobiliario del 30%, pero la proyección de recaudación es solamente el 22%. Y en automotores te dice que bajan el impuesto automotor, pero cuando vos ves la proyección crece un 20%”, criticó el jefe de bloque de legisladores lilitos.
De Leo también alertó sobre una posible subestimación en algunos recursos propios y una sobreestimación en los fondos nacionales, aun aclarando que eso no es responsabilidad del titular de ARBA. “La respuesta obviamente a mi juicio es sincera, pero inconclusa”, dijo tras el cruce con Girard, y pidió explicaciones al Ministerio de Economía.
En paralelo el diputado del bloque de izquierda, Cristian “El Chipi” Castillo, describió a la fiscal impositiva 2027 como “una ley impositiva de status quo” que no recompone los salarios estatales ni grava más a los grandes propietarios rurales.
En la reunión que tuvimos en la Legislatura bonaerense con el Director General de ARBA le planteamos como mientras el gobierno de Kicillof ajustó brutalmente el salario docente, de la salud y la administración pública provincial (-36,5% en seis años) no aumenta lo que pagan los grandes propietarios agrarios que este año tuvieron una suba superior al 48% en la actividad del sector, a contramano del resto de la economía. A los docentes encima les descuentan por los paros. Ajustar a los trabajadores y trabajadoras bonaerenses y no tocar el bolsillo de los que más tienen es una decisión política del gobierno provincial, no un resultado inevitable de los fondos no enviados por Milei a la PBA, como se argumenta desde la gobernación. Fíjense que en los años que el gobierno de Alberto Fernández sí enviaba los fondos, en tres de cuatro años los aumentos en paritarias en la Provincia estuvieron por debajo de la inflación. Discurso y realidad
— Christian Castillo (@chipicastillo) November 19, 2026
En su defensa del proyecto, Girard aseguró que la iniciativa consolida la progresividad del sistema sin elevar la presión real.: “No va a haber aumentos para ningún contribuyente, porque va a haber un tope en la inflación”, dijo.

Sobre el impuesto Automotor en la provincia de Buenos Aires, sostuvo que el 88,6% de los vehículos pagará nominalmente menos que en 2026 al no tocarse la tabla y caer el valor de los autos, con cinco tramos de alícuotas (del 1% al 4,5%), diez cuotas desde marzo y el traspaso a los municipios de 242.400 unidades modelo 2016.
El texto además actualiza un 31% los tramos de facturación de Ingresos Brutos —con topes de $20 millones a $2.403 millones— para que unas 38.000 pymes pasen a escalas menores. Habilita planes de hasta 48 cuotas con quitas de intereses y condonación de multas, sube la Unidad Tributaria de $275 a $360 con incrementos en tasas administrativas y extiende un aporte del 1% al 3% sobre premios del juego online repartible entre los 135 municipios.
A la vez, Girard alertó que caen la industria (más del 10%), la construcción (15%) y el comercio (7%) —sectores que explican casi el 70% de la recaudación—, recordó una deuda nacional superior a los $20 billones y señaló que más de 91.000 contribuyentes y empresas ya entraron a planes de pago.

Con el debate legislativo en marcha, la oposición quiere dejar en evidencia el choque entre el discurso del alivio fiscal del gobierno de Kicillof y la letra chica (el monto) de las boletas que impactaran el próximo año en el bolsillo de los bonaerenses en medio de la caída de la actividad.
Por lo que se anticipa una álgida negociación, no solo por las objeciones de la oposición sino por las trabas que pondrán alguna de las tribus peronistas.
Así, se suma un eje de discusión al debate por la “Ley de leyes” del Gobierno bonaerense, mientras el reloj corre y Kicillof espera lograr la aprobación de los proyectos antes de 2027.