Milei avanza con la privatización de rutas nacionales que atraviesan la Provincia de Buenos Aires: cuáles son

El Gobierno de Javier Milei habilitó la incorporación de nuevas rutas nacionales al sistema de concesiones privadas, a través del Decreto 1358/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial. La medida alcanza a 16 provincias, entre ellas Buenos Aires, y busca transferir a empresas privadas la administración y el mantenimiento de distintos corredores viales.

En territorio bonaerense, la iniciativa contempla las rutas nacionales 3, 9, 22, 33, 35 y 228, además del acceso A0017. Se trata de caminos estratégicos que conectan localidades del interior, regiones productivas y distintos puntos de circulación comercial, por donde transitan diariamente miles de vehículos particulares y camiones de transporte de cargas.

En total, el decreto identifica 27 rutas nacionales distribuidas en 16 provincias que podrán incorporarse al esquema de concesiones. Además de Buenos Aires, están alcanzados distritos como Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco, Salta, Jujuy, La Pampa, Neuquén y Santa Cruz, entre otros.

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Según lo establecido en la normativa, el Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Transporte, deberá determinar los tramos que serán concesionados, con informes técnicos de la Dirección Nacional de Vialidad. El Ejecutivo tendrá un plazo máximo de 12 meses para convocar a licitaciones públicas nacionales e internacionales y seleccionar a las empresas responsables.

El nuevo esquema permitirá que los operadores privados se encarguen de la conservación, reparación y explotación de los caminos, con la posibilidad de cobrar peajes para financiar esas tareas. Sin embargo, la incorporación de una ruta al decreto no significa que toda su extensión será concesionada ni que los cobros comenzarán de inmediato. Los tramos deberán definirse durante el proceso administrativo.

Desde el Gobierno justificaron la medida como una herramienta para mejorar el estado de las rutas, reforzar la seguridad vial y reducir los costos logísticos sin afectar el equilibrio fiscal. Mientras avanza el proceso, todavía resta conocer qué sectores quedarán en manos privadas, dónde se instalarán los peajes, cuáles serán las tarifas y qué obras deberán garantizar las empresas adjudicatarias.