El Senado bonaerense busca avanzar con la creación de una empresa pública de medicamentos

El Senado de la provincia de Buenos Aires sesionará este jueves para tratar la creación del Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense, una empresa estatal destinada a producir y distribuir medicamentos e insumos sanitarios. La iniciativa, impulsada por el gobierno de Axel Kicillof, obtendría media sanción, mientras que el proyecto de unificación del sistema de salud deberá esperar.

La propuesta contempla la conformación de una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria. El Ejecutivo provincial tendrá el 99% del capital social, mientras que el 1% restante podrá quedar en manos de otros actores públicos o privados. De esta manera, la Provincia busca contar con una estructura propia para intervenir en el sector farmacéutico.

Entre las funciones previstas se encuentran la investigación, el desarrollo, la fabricación, la compra y la comercialización de medicamentos. También podrá producir vacunas, equipamiento médico, ingredientes farmacéuticos activos e insumos odontológicos. El objetivo central es abastecer a hospitales provinciales y municipales, reducir costos y evitar los sobreprecios de los laboratorios privados.

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Sin embargo, la iniciativa cuenta con el rechazo anticipado de distintos bloques opositores, entre ellos Unión y Libertad, el PRO, La Libertad Avanza y Hechos - UCR Identidad. Desde esos espacios cuestionan la creación de una nueva estructura estatal, advierten sobre el posible impacto fiscal y sostienen que no existen fundamentos suficientes para avanzar con la empresa.

Por otra parte, el proyecto para integrar el Sistema de Salud Bonaerense (SIPBA) quedó fuera del temario y será girado a la Comisión de Presupuesto para recibir modificaciones. Las objeciones surgieron dentro del propio peronismo, a partir de los planteos de intendentes canalizados por el Frente Renovador y el kirchnerismo, principalmente por las obligaciones económicas que recaerían sobre los municipios.

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Uno de los puntos más cuestionados establece que las comunas deberán equiparar los salarios de sus médicos con las paritarias provinciales, sin precisar cómo financiar esa diferencia. Además, fija condiciones para informar sobre contrataciones y remuneraciones, y prioriza el acceso a fondos sanitarios para los municipios integrados a una red provincial. Los intendentes también reclaman incorporar el CUD como criterio de distribución de los recursos.