La diputada bonaerense Silvina Vaccarezza volvió a reclamar que la Legislatura avance con una ley de fitosanitarios, en medio de la controversia por la salida de Virginia Aparicio del INTA de Balcarce. La legisladora busca establecer reglas comunes para el uso de agroquímicos en los 135 municipios y actualizar una normativa que, según señaló, necesita adecuarse a la realidad productiva.
En diálogo con Diputados Bonaerenses, Vaccarezza destacó el papel del INTA en la investigación y la transferencia de conocimientos al sector agropecuario. Además, advirtió que la falta de criterios uniformes genera conflictos y dificulta la planificación de los productores. Actualmente, indicó, 86 de los 135 distritos cuentan con ordenanzas propias, con disposiciones que varían entre municipios.
El reclamo tomó impulso tras la desvinculación de Aparicio, quien coordinó el proyecto internacional SPRINT, dedicado a estudiar la presencia de plaguicidas en muestras humanas y ambientales. La presentación de los resultados fue suspendida en 2023 y la participación argentina se interrumpió. El caso generó denuncias de censura y silenciamiento, mientras los hallazgos reavivaron la discusión sobre los posibles efectos de estos productos.

La iniciativa de Vaccarezza, presentada en septiembre de 2024, propone incorporar parámetros técnicos, controles y medidas para proteger la salud y el ambiente. Entre sus puntos contempla un registro público de empresas aplicadoras, equipos, asesores y fiscalizadores, además de un sistema de identificación de zonas sensibles donde no se podrá fumigar. También prevé un manual de buenas prácticas para reducir la deriva de los productos.
La diputada sostuvo que la ley vigente, sancionada en 1998, quedó desactualizada frente a los avances tecnológicos y los cambios en la maquinaria agrícola. Según explicó, el proyecto fue elaborado con aportes de entidades y sectores vinculados a la actividad, entre ellos ingenieros agrónomos, veterinarios, la Sociedad Rural, CONINAGRO y el INTA. Ahora, pidió abrir un debate entre los distintos espacios políticos para alcanzar una regulación consensuada.