María Laura Ricchini, diputada bonaerense del PRO, presentó en la Cámara de Diputados provincial un proyecto de ley para garantizar que los ciudadanos no tengan que presentar varias veces la misma documentación al realizar trámites ante el Estado. La propuesta apunta a implementar de manera efectiva el Principio de Una Sola Vez y reducir las trabas administrativas.
La iniciativa establece que, cuando un organismo necesite información que ya está en poder de otra dependencia estatal, deberá obtenerla por sus propios medios, mediante los sistemas de intercambio de datos disponibles. De esta manera, se busca evitar pedidos reiterados de documentación y que las dificultades de coordinación interna terminen perjudicando a los ciudadanos.
Según explicó Ricchini, entre los sectores más afectados por estas situaciones se encuentran las personas mayores jubiladas, las familias que deben realizar trámites vinculados con sucesiones y subdivisiones catastrales, y los contribuyentes que pagaron sus obligaciones, pero cuyos pagos no fueron correctamente registrados en los sistemas oficiales.

Otro de los puntos centrales del proyecto es la creación de un Registro de Excepciones al Principio de Una Sola Vez, donde deberán identificarse los trámites en los que todavía sea necesaria la presentación de documentación por parte del interesado. Además, cualquier persona podrá invocar este principio para que el organismo correspondiente verifique si la información solicitada ya está disponible.
La propuesta se apoya en la Ley provincial 15.430, reglamentada en 2023, que reconoce el derecho de las personas físicas y jurídicas a realizar trámites presenciales o virtuales sin presentar documentación cuyos datos ya obren en archivos estatales. Sin embargo, Ricchini sostuvo que la aplicación de la norma todavía no es uniforme y señaló que varios municipios debieron adherir expresamente mediante ordenanzas.
En ese contexto, la legisladora también hizo referencia a los informes de la Defensoría del Pueblo bonaerense, que registraron un aumento del 20% en los reclamos durante 2025. La suba abarca distintas áreas, entre ellas trámites, servicios públicos y prestaciones sociales. El proyecto busca avanzar en la coordinación entre organismos y evitar que los ciudadanos deban resolver problemas internos de la administración.