Milei adjudicó la venta de AySA y el gobierno bonaerense prepara una impugnación

El Gobierno nacional adjudicó la venta del 90% de las acciones de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) por US$340,2 millones al consorcio encabezado por Rowing. La decisión, oficializada este jueves por el Ministerio de Economía mediante la resolución 1818, forma parte del proceso de privatización de la compañía que brinda agua potable y cloacas en el AMBA.

El grupo adjudicatario está integrado por Rowing, Arcos Saneamento e Participacoes SA, PHX AQUA AR BV y Transclor. Según lo establecido en el pliego de bases y condiciones, el contrato de compraventa se firmará el 13 de noviembre de 2026. La operación contempla 135.000 acciones que representan el 90% del capital social y de los votos de la empresa estatal.

Mientras el Ejecutivo avanza con la transferencia, la Provincia de Buenos Aires prepara una impugnación para frenar el proceso. Las objeciones apuntan a los cambios en las exigencias ambientales, sanitarias y de protección a los usuarios incluidos en el nuevo contrato de concesión, además de cuestionamientos por la falta de acceso a la tasación oficial realizada por el Banco de Inversión y Comercio Exterior.

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El ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, criticó la privatización y advirtió sobre sus consecuencias para la población. Según datos citados por el funcionario, el 24,5% de los habitantes del AMBA, unos 3,7 millones de personas, no tiene acceso al agua de red, mientras que 5,5 millones carecen de conexión a las cloacas.

Katopodis también cuestionó el impacto de los aumentos tarifarios y la caída de la inversión en infraestructura. Aseguró que, durante los últimos tres años, las tarifas subieron un 555% en valores nominales y la recaudación creció un 135% en términos reales, mientras que la inversión en obras cayó un 75% en términos reales.

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En ese escenario, la Provincia anticipó que participará de la audiencia pública del 26 de octubre para rechazar los aumentos y reclamar un plan de obras. La disputa judicial y los cuestionamientos sobre las condiciones de la concesión podrían convertirse en obstáculos para el traspaso, previsto para noviembre, y sumar tensión a la avanzada privatizadora del Gobierno de Javier Milei.