14:04 | Chispazos internos
16/10/2026 - Edición Nº3669
Provincia
En la mira
La crisis de seguridad y sospechosas contrataciones rodean al ministro de Seguridad de Kicillof
15:04 | El debate por la gestión de Javier Alonso llegó en diversas oportunidades a la Legislatura de la provincia de Buenos Aires debido a polémicas compras y la falta de respuestas en torno a las políticas para enfrentar al delito.
El ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires que dirige Javier Alonso se encuentra en el ojo de la tormenta, a partir de diversos cuestionamientos vertidos desde la oposición, los cuales son reforzados con pedidos de informe y están vinculados tanto a contrataciones millonarias como a la crisis de seguridad que atraviesa la Provincia.
En torno a las compras millonarias que encienden críticas, uno de las más recientes es el Cessna 550 Citation II LV-WEJ, un avión fabricado en 1993 que llevaba años fuera de servicio.
La Provincia adjudicó por US$3.358.001 su recuperación, modernización y puesta nuevamente en condiciones operativas. La operación ya llegó a la Legislatura mediante un pedido de informes que busca conocer los fundamentos de la inversión.
También generó interrogantes la compra de un simulador para helicópteros EC-145 por US$1.724.307, más US$22.080 por capacitación.
El valor fue cuestionado por especialistas del sector y el expediente también motivó un pedido de informes. A eso se suman los 500 cascos para motociclistas previstos en una licitación privada con un presupuesto de $206 millones, unos $412.000 por unidad. En este caso todavía resta conocer el resultado definitivo, el precio efectivamente pagado y la cantidad de oferentes.
Otro antecedente fue la denuncia penal por la compra directa de 12 Fiat Cronos para patrulleros. El diputado Luciano Bugallo planteó un presunto sobreprecio, pero la Justicia desestimó la presentación en 2025.
El volumen de las contrataciones también aparece en el sistema integral de emergencias 911, cuya licitación tuvo un presupuesto oficial superior a $23.105 millones. En paralelo, el ministerio enfrenta cuestionamientos sobre las estadísticas del delito.
Un relevamiento sobre 2025 detectó 122.867 investigaciones penales con “tipificación provisoria”, 103.085 habían sido denunciadas inicialmente como robos o hurtos. Esta brecha expuso una diferencia entre las denuncias que los ciudadanos realizan a través de la herramienta digital y aquellas que finalmente quedan clasificadas dentro de las estadísticas oficiales de delitos.
De esta manera, desde la Legislatura llevan meses metiendo presión al ministro Alonso para que otorgue respuestas sobre su gestión, mientras la inseguridad crece en el territorio y se acumulan compras millonarias que encienden interrogantes.
