16/10/2026 - Edición Nº3669

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La Defensoría del Pueblo bonaerense exigió medidas urgentes ante la privatización de AySA

10:45 | El organismo denunció ante la Justicia que la empresa no cumple con una medida cautelar que garantiza las obras, las inversiones y la calidad del servicio de agua y cloacas.



La Defensoría del Pueblo bonaerense, encabezada por Guido Lorenzino, reclamó medidas urgentes ante la Justicia por el avance de la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). El organismo advirtió que la empresa no estaría cumpliendo con una medida cautelar que obliga a preservar las obras, las inversiones y la calidad de los servicios de agua potable y cloacas.

El planteo se realizó mientras el Gobierno nacional avanza con la venta del 90% de las acciones estatales de AySA. Según informó la Defensoría, ya se abrieron las ofertas económicas de los dos consorcios que siguen en carrera, aunque todavía no se habría presentado información suficiente para garantizar que el cambio de operador no afecte las obligaciones establecidas por la Justicia.

La medida cautelar fue dictada por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 2 de La Plata y confirmada por la Cámara. La resolución exige mantener las prestaciones, ampliar las redes de agua y cloacas, tratar los efluentes y cumplir con las obligaciones de saneamiento, remediación ambiental y calidad del servicio, sin adoptar medidas que reduzcan o alteren esas responsabilidades.

Desde la Defensoría señalaron que la operación debe contemplar garantías concretas antes de concretarse. Lorenzino sostuvo que no se puede avanzar con la transferencia y verificar después si se respetan los derechos de los bonaerenses. En ese sentido, advirtió sobre los riesgos de reducir inversiones, postergar obras o comprometer las condiciones sanitarias y ambientales.

Por su parte, el Gobierno nacional informó que el futuro operador deberá afrontar inversiones superiores a los 2.000 millones de dólares para obras, mantenimiento, mejoras y expansión del sistema. Frente a ese escenario, la Defensoría pidió precisar quién asumirá esas obligaciones y con qué capacidad técnica, económica y garantías, para evitar daños o consecuencias irreversibles.

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