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06/10/2026 - Edición Nº3659
Municipios
Información escasa
La Justicia acorrala a un intendente kicillofista y pone en duda la transparencia de su gestión
14:06 | Una empresa solicitó datos al Municipio de Carlos Casares sobre las obras realizadas sobre la Ruta Provincial N°50, sin embargo, lo que otorgó el Ejecutivo fue insuficiente y por ello intervino la Justicia.
La Justicia hizo lugar parcialmente a una acción de amparo contra el municipio bonaerense de Carlos Casares, que gobierna el intendente Daniel Stadnik y ordenó al Ejecutivo entregar información sobre los trabajos de infraestructura y alcantarillado que se realizaron sobre la Ruta Provincial N°50.
La causa se inició a partir de un pedido presentado por una empresa, que solicitó información sobre los trabajos ejecutados en ese sector del distrito entre fines de abril y agosto de 2025. Ante la falta de una respuesta completa dentro de los plazos previstos, la firma recurrió a la Justicia.
El requerimiento incluía expedientes, órdenes de trabajo y de servicio, resoluciones, planos, presupuestos, estudios técnicos y documentación relacionada con la contratación de las obras. También se había solicitado información sobre los responsables de las tareas, fechas de ejecución, cantidad y tipo de alcantarillas colocadas, maquinaria utilizada, actas de inspección, eventuales autorizaciones provinciales y registros fotográficos.
Durante el trámite judicial, el Municipio aportó parte de la documentación. Sin embargo, el juez Pablo Germain consideró que la respuesta no alcanzaba a cubrir todo lo solicitado y sostuvo que la comuna “no brindó una contestación precisa y completa” sobre los puntos que permanecían pendientes.
El fallo también rechazó los argumentos planteados por el Municipio respecto de la vía utilizada para realizar el reclamo.
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El magistrado señaló que el derecho de acceso a la información pública tiene respaldo constitucional y que, cuando una administración no responde adecuadamente, no es necesario agotar previamente la vía administrativa para recurrir a la Justicia.
En esa línea, remarcó que la información que se encuentra en poder de los organismos públicos se presume accesible y que cualquier negativa debe estar debidamente fundamentada.
La sentencia también establece que las respuestas de la administración deben ser precisas, completas, útiles y relevantes para quien realiza el pedido.
A partir de ese criterio, el juez consideró que el Municipio debe garantizar el acceso a la documentación y los registros utilizados para la ejecución de las obras, incluyendo los vinculados con contrataciones, presupuestos y aspectos económico-financieros.
Finalmente, la Justicia ordenó que la Municipalidad de Carlos Casares ponga a disposición la información que quedó pendiente dentro de los 30 días hábiles posteriores a que la sentencia quede firme.
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Sumado a ello, la resolución judicial impuso las costas del proceso a la gestión que lidera Stadnik.
