Axel Kicillof, gobernador de la Provincia de Buenos Aires, cuestionó este miércoles el fallo de la Corte Suprema que dejó nuevamente vigente el artículo 154 del DNU 70/2023, impulsado por Javier Milei. Cabe recordar que el mismo es el que elimina límites específicos para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros.
A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, Kicillof calificó la resolución como “el fallo de la infamia”. En esa línea, aseguró: “Lo que no pudieron conseguir con el Congreso y con el pueblo, ahora pretenden conseguirlo a través del Poder Judicial. Se proponen legalizar la entrega y el saqueo”.
El mandatario provincial vinculó la decisión judicial con el proyecto que el Gobierno nacional había impulsado para modificar la Ley de Tierras. La iniciativa, denominada “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, generó una movilización frente al Congreso y finalmente fue retirada ante la falta de respaldo suficiente en el Senado.
El gobernador también apuntó contra el discurso de Milei sobre la cuestión de Malvinas y sostuvo que existe una contradicción entre esa postura y las medidas vinculadas con la propiedad de tierras rurales. “Termina de caerse la careta del supuesto Milei ‘malvinero’”, expresó en su publicación.
“Detrás de los discursos fingidos, el propósito es muy concreto: entregar recursos estratégicos y subordinar los intereses nacionales a intereses extranjeros ¡Argentina para los argentinos!”, sentenció Kicillof.


La decisión de la Corte se originó a partir de una presentación realizada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), que había cuestionado la constitucionalidad de la modificación impulsada por el DNU. La organización había argumentado que estaba legitimada por su defensa de la soberanía nacional.
Sin embargo, el máximo tribunal rechazó ese planteo y dejó sin efecto la medida cautelar que había frenado la aplicación del artículo. Además, la Corte cuestionó el criterio utilizado por tribunales inferiores para reconocer legitimación en acciones colectivas a organizaciones que, según su resolución, no cuentan con representatividad suficiente.