15:03 | Mensaje codificado
18/09/2026 - Edición Nº3641
Provincia
Aumento paralizado
Freno y marcha atrás: suspendieron la suba de tarifas eléctricas que impulsó el Gobierno de Kicillof
18:09 | La Justicia hizo lugar a una presentación de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires y estableció que no se podrán aplicar nuevos incrementos en los cuadros tarifarios y los valores deberán retrotraerse.
La Justicia de la provincia de Buenos Aires resolvió aplicar un freno a los aumentos a las tarifas eléctricas que dispuso el Gobierno bonaerense de Axel Kicillof y ordenó restablecer el cuadro tarifario anterior para los componentes bajo jurisdicción provincial.
La resolución judicial, que se hizo a partir de una presentación del Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, dispone restablecer el cuadro tarifario anterior y establece que las demandadas no podrán aplicar los valores cuestionados ni otros que se dicten sin garantizar previamente la participación de los usuarios, en lo referido a los componentes provinciales.
La presentación del Defensor del Pueblo apuntó contra la actualización de los costos propios de distribución de energía eléctrica (VAD), instrumentada mediante la Resolución 585/2026.
En su demanda, Lorenzino cuestionó que los nuevos valores fueran establecidos sin una instancia previa de participación ciudadana y sostuvo que los cuadros tarifarios presentaban vicios de nulidad por la ausencia de una audiencia pública.
Ordenan suspender el aumento de la luz en la Provincia por pedido de la Defensoría
— Defensoría del Pueblo PBA (@defensoriaPBA) September 18, 2026
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Uno de los argumentos centrales fue la urgencia de frenar el impacto económico sobre los usuarios. Según expuso el organismo, los nuevos componentes provinciales se aplicaban a los consumos registrados desde el 1° de agosto, por lo que el perjuicio podía trasladarse rápidamente a las facturas.
La Defensoría advirtió que cada nueva liquidación bajo los valores cuestionados ampliaría la cantidad de usuarios afectados y podría obligar posteriormente a realizar reliquidaciones y devoluciones.
Durante el proceso, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos defendió el esquema de actualización tarifaria y sostuvo que los incrementos se enmarcaban en la etapa de transición vigente desde 2021.
La postura del Gobierno bonaerense
La Provincia argumentó que las adecuaciones se apoyaban en los parámetros de la revisión tarifaria aprobada en 2017, luego de las audiencias públicas realizadas en diciembre de 2016 en Olavarría y La Plata.
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Además, señaló que los aumentos aplicados hasta el momento se encontraban por debajo de la fórmula de ajuste prevista en aquel esquema y que se encontraba en marcha una nueva Revisión Tarifaria Integral.
Sin embargo, el juez consideró que la Provincia no acreditó la realización de audiencias públicas ni de otros mecanismos adecuados de información y participación de los usuarios antes de aprobar las sucesivas actualizaciones tarifarias.
En ese sentido, el fallo remarcó que la última instancia de participación invocada por el gobierno provincial se remontaba a 2016 y que el prolongado tiempo transcurrido resultaba relevante para evaluar la legitimidad de los aumentos.
En sus fundamentos, el juez López Coppola hizo referencia a la jurisprudencia de la Suprema Corte bonaerense y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la participación ciudadana en la determinación de las tarifas de los servicios públicos.
El magistrado sostuvo que, aunque las adecuaciones transitorias no sean equivalentes a una revisión tarifaria integral, el tiempo transcurrido desde la última audiencia pública se opone, en principio, a los criterios establecidos por los tribunales.
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También consideró que se encontraban reunidos los requisitos para dictar la cautelar: la verosimilitud del derecho invocado, el peligro en la demora y la ausencia de una afectación grave al interés público.
Finalmente, la resolución del juez se apoya en las garantías de información adecuada y veraz y de protección de los derechos económicos de los consumidores, contempladas en el artículo 42 de la Constitución Nacional y el artículo 38 de la Constitución bonaerense.
