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15/09/2026 - Edición Nº3638
Nacion
Fideicomiso de transporte
La defensa de Cristina presentó ante la ONU una nueva prueba que cuestiona la condena por la Causa Vialidad
17:35 | Los abogados de la expresidenta incorporaron documentación sobre el destino de unos USD 2.000 millones y sostienen que los registros cuestionan un aspecto de la condena.
Los abogados de Cristina Fernández de Kirchner presentaron este martes ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas documentación que, según su interpretación, cuestiona uno de los fundamentos de la condena en la causa Vialidad. El anuncio estuvo a cargo de Alberto Beraldi, junto con Rafael Valim y Javier Borrego, durante una conferencia de prensa.
La nueva evidencia está vinculada con un fideicomiso destinado al transporte y surgió, según explicó Beraldi, durante una declaración testimonial realizada el 6 de agosto en la causa Cuadernos. Un técnico de la Dirección Nacional de Vialidad aportó datos de una base que registraba el destino de los fondos administrados por ese mecanismo.
De acuerdo con la información exhibida por la defensa, el fideicomiso movilizó cerca de USD 2.000 millones. Beraldi señaló que las empresas vinculadas a Lázaro Báez recibieron una proporción reducida de esos recursos: la planilla presentada ubica la participación del Grupo Austral en el 0,85% del total.
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La defensa sostiene que ese dato contradice la relevancia que, a su entender, la sentencia le atribuyó al mecanismo. El fallo, sin embargo, no estableció que Báez hubiera recibido un porcentaje determinado del fideicomiso, sino que analizó el modo en que Vialidad podía decidir qué obras financiar, con especial atención sobre 51 contratos adjudicados a sus empresas en Santa Cruz.
Los abogados incorporaron la documentación al planteo que Cristina Kirchner presentó a fines de julio ante el organismo de Naciones Unidas. En esa presentación denunciaron ocho presuntas violaciones al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos durante el proceso judicial que derivó en su condena.
Entre los cuestionamientos figuran el derecho a votar y ser elegida, las garantías de un juicio justo, la independencia e imparcialidad judicial y la presunción de inocencia. También se objetaron el tiempo y los medios disponibles para preparar la defensa y la posibilidad de obtener una revisión efectiva de la sentencia por un tribunal superior.
Otro de los planteos se refiere al principio de *ne bis in idem*, que impide juzgar o sancionar dos veces a una persona por los mismos hechos. La defensa afirma que 49 de las 51 obras analizadas en Vialidad habían sido investigadas previamente y que esos expedientes terminaron con archivos o sobreseimientos.
Además del reclamo sobre la condena, los abogados solicitaron tres medidas cautelares. Entre ellas, pidieron suspender la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, modificar las condiciones de la prisión domiciliaria y cambiar la integración de la Corte Suprema, a la que cuestionaron por contar actualmente con tres integrantes.
El Comité de Derechos Humanos analizará ahora la presentación y podría pronunciarse primero sobre las medidas cautelares, mientras que una eventual resolución sobre el fondo podría demorar años. La próxima reunión está prevista entre el 19 de octubre y el 6 de noviembre. La defensa sostiene que una decisión favorable sería vinculante para Argentina, aunque la Corte Suprema ha señalado en antecedentes previos que los organismos internacionales no constituyen una cuarta instancia judicial.
