10:03 | Infraestructura y gestión del riesgo
12/09/2026 - Edición Nº3635
Provincia
Debate polémico en mesa
Revés judicial: la Justicia bonaerense desautoriza a Pascual y ordena aplicar la reforma penal juvenil
11:43 | El Juzgado de Garantías del Joven de Moreno-General Rodríguez consideró que la decisión de la jueza Marta Elba Pascual no tiene efecto vinculante fuera de su jurisdicción y ordenó continuar aplicando la nueva normativa.
El Juzgado de Garantías del Joven de Moreno-General Rodríguez, a cargo de la jueza Mirta Guarino, resolvió continuar aplicando la reforma de la Ley Penal Juvenil, pese a la cautelar dictada por Marta Elba Pascual en Lomas de Zamora. La medida fue adoptada al considerar que aquella decisión no tiene efectos jurídicos vinculantes en su jurisdicción.
La resolución representa un nuevo capítulo en la discusión judicial por la implementación de la reforma penal juvenil en la provincia de Buenos Aires. Pascual había dispuesto suspender durante 60 días su aplicación al advertir que el sistema no contaba con las condiciones necesarias para afrontar la ampliación del régimen previsto por la nueva normativa.
Para el juzgado de Moreno-General Rodríguez, las deficiencias edilicias, presupuestarias o de infraestructura no alcanzan para dejar sin efecto una ley vigente. Según sostuvo Guarino, esas dificultades deben ser atendidas por el Estado mediante las medidas necesarias, mientras que los cuestionamientos de constitucionalidad deben ser evaluados de manera particular en cada caso.
Uno de los principales argumentos del fallo está relacionado con la división de poderes. La magistrada consideró que un juzgado de primera instancia no puede asumir facultades propias del Poder Legislativo ni suspender de manera general una norma sancionada por el Congreso. También remarcó que una decisión judicial no puede extenderse automáticamente a toda la provincia.
En ese sentido, la resolución diferencia entre la vigencia de una ley, su implementación y su eventual constitucionalidad. El juzgado también se refirió al antecedente de la Corte Suprema conocido como caso Verbitsky y sostuvo que ese fallo buscó ordenar al Estado para solucionar vulneraciones estructurales de derechos, pero no habilitó a suspender leyes penales.
Así, mientras no exista una orden de un órgano superior competente que disponga lo contrario, Moreno-General Rodríguez mantendrá la aplicación de la reforma. La normativa establece, entre otros cambios, una baja de la edad de imputabilidad hasta los 14 años y un agravamiento de las penas, en medio de una fuerte disputa judicial y política sobre su implementación.
