El conflicto entre el Municipio de General Pueyrredón y el gobierno de la provincia de Buenos Aires por la jurisdicción de Punta Mogotes tuvo un nuevo giro, luego de que el Juzgado Contencioso Administrativo N°1 cerró la instancia de conciliación, por lo que la Justicia determinará el futuro del popular complejo de balnearios.
En la cuarta y última audiencia de conciliación celebrada el 31 de agosto –las anteriores reuniones se habían llevado a cabo el 30 de junio y el 4 y 18 del mes pasado-, las partes habían solicitado un nuevo plazo para “continuar con las tratativas” y “cerrar un acuerdo”.
En virtud de ello, el Juzgado Contencioso Administrativo N° 1 otorgó 72 horas, pero finalmente no se arribó a un entendimiento.
En las próximas semanas, el juez Simón Isacch se encargará de definir si da lugar a la cautelar que presentó la administración de Mar del Plata, a cargo del intendente interino, Agustín Neme, a mediados de este año, para detener el proceso de licitación de los balnearios de Punta Mogotes anunciado por el Ejecutivo provincial.

El magistrado también deberá expedirse sobre la demanda principal, con la cual la comuna busca cancelar la deuda contraída durante la última dictadura militar para la construcción del complejo de Punta Mogotes, mediante un depósito superior a los $14 millones, para así avanzar con el traspaso del complejo turístico a la órbita local.
Punta Mogotes está a cargo de la Administración Punta Mogotes hace más de cuatro décadas. El ente está conformado en un 70% por la provincia de Buenos Aires y en un 30% por la comuna.
El Municipio inició un reclamo en agosto de 2024 para recuperar el control de los balnearios, situación que fue rechazada por la Provincia y motivó una demanda judicial.
En mayo de este año, el gobierno a cargo de Axel Kicillof anunció el inicio de un proceso que, en principio, culminaría con el traspaso del complejo Punta Mogotes de la órbita bonaerense a General Pueyrredon.

A su vez, la administración provincial confirmó la prórroga de las concesiones hasta abril de 2027, reveló la apertura de una licitación pública para ejecutar “obras de modernización integral” y anticipó que el Municipio recibirá el complejo una vez que concluyan las intervenciones previstas en el nuevo esquema licitatorio.
Sin embargo, la gestión local rechazó la propuesta y presentó ante la Justicia un recurso para que se frene la compulsa y cualquier innovación sobre el predio hasta que se resuelva la cuestión de fondo en sede judicial.

En definitiva, la última palabra sobre el conflicto por el complejo de balnearios de “La Feliz” la tendrá la Justicia, por lo que es inminente una resolución al respecto.