La Justicia le puso un freno a la privatización de AySA y le marca condiciones al Gobierno de Milei

La Justicia bonaerense ratificó una medida cautelar contra AySA, luego de un pedido de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, en el marco del proceso de privatización impulsado por el Gobierno de Javier Milei. La resolución fue dictada por la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de La Plata y establece límites sobre la prestación del servicio.

El fallo ordena a AySA abstenerse de modificar, reducir, suspender o alterar las obligaciones vinculadas con el acceso al agua potable, la salud pública, el ambiente y la correcta prestación del servicio. Guido Lorenzino, titular de la Defensoría bonaerense, sostuvo que el agua es un derecho humano fundamental y no puede quedar condicionado por recortes de inversión.

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La resolución no implica que la venta de acciones de AySA quede suspendida. Sin embargo, fija condiciones para la nueva gestión y busca evitar que una eventual privatización deje de lado las obligaciones de la empresa. Desde la Defensoría advirtieron además por el riesgo de que el pasivo ambiental termine recayendo sobre la Provincia, los municipios o los propios vecinos.

AySA, que brinda los servicios de agua y cloacas en el AMBA, atraviesa un fuerte proceso de reestructuración desde que fue declarada “sujeta a privatización” por la Ley Bases. En ese período, el Gobierno abrió una licitación para vender la participación estatal, mientras se frenaron más de 260 obras, las tarifas aumentaron más del 400% y hubo más de 200 despidos.