Proponen que la Defensoría del pueblo bonaerense intervenga para ayudar a personas endeudadas

Frente al crecimiento del sobreendeudamiento, el diputado bonaerense Facundo Tignanelli presentó un proyecto para crear un régimen provincial que permita asistir a consumidores en dificultades financieras. La propuesta apunta a que la Defensoría del Pueblo bonaerense intervenga en la negociación de deudas y facilite acuerdos con acreedores.

La iniciativa plantea que el organismo conducido por Guido Lorenzino brinde atención gratuita y genere una instancia prejudicial obligatoria antes de que los conflictos lleguen a la Justicia. El objetivo es ordenar la situación económica de cada persona de manera integral y evitar que una deuda termine complicando el cumplimiento de las demás.

“Apuntamos a ganar escala en la negociación colectiva para las y los bonaerenses que están desesperados”, sostuvo Lorenzino. En ese sentido, destacó la necesidad de establecer criterios de proporcionalidad y racionalidad frente a situaciones de abuso, además de promover acuerdos sin hostilidad ni maltrato hacia quienes atraviesan problemas económicos.

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Tignanelli, en tanto, señaló que el Estado debe equilibrar la relación entre consumidores y empresas. “El modelo económico actual generó un nivel de endeudamiento como nunca se vio”, afirmó el legislador, quien consideró necesario generar herramientas que permitan negociar de manera colectiva con entidades financieras, plataformas digitales y agencias de cobranza.

El proyecto también establece obligaciones para los acreedores durante las negociaciones. La falta de respuesta, la negativa injustificada a entregar información, los datos falsos y las maniobras destinadas a demorar los acuerdos serían consideradas incumplimientos. Además, se busca frenar el aumento desproporcionado de intereses, comisiones y otros cargos.

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Entre sus objetivos, la propuesta busca preservar condiciones razonables de subsistencia para las personas deudoras y sus familias, facilitar la regularización y reducir la judicialización. También pretende prevenir prácticas abusivas y garantizar mecanismos de cobranza dignos y transparentes, con soluciones acordes a la capacidad económica real de cada caso.