Fumar al volante podría costar caro: la multa que analizan en Diputados bonaerense

Una iniciativa presentada por la diputada bonaerense Viviana Romano, de Nuevos Aires, busca incorporar como infracción de tránsito la acción de fumar o vapear mientras se conduce en la provincia de Buenos Aires. El proyecto alcanza a autos, motos y vehículos de transporte y contempla multas de hasta $227.100, según el valor vigente de la Unidad Fija.

La propuesta apunta a modificar el régimen de infracciones para sancionar una conducta que, según los fundamentos de la legisladora, puede afectar la atención necesaria para manejar. Encender un cigarrillo, buscar el paquete, sostenerlo o manipular un vapeador son acciones que pueden obligar al conductor a quitar una mano del volante o desviar la mirada de la calle.

El proyecto también contempla cigarros, pipas, vapeadores, dispositivos electrónicos de liberación de nicotina y otros productos similares. La eventual prohibición regiría mientras el vehículo o la moto se encuentre en circulación por rutas, caminos, calles y avenidas bonaerenses.

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Romano sostiene que el problema está vinculado con las denominadas distracciones al volante y cita, en los fundamentos de la iniciativa, datos atribuidos al Centro de Experimentación y Seguridad Vial (CESVI). Según esa referencia, el 63% de los siniestros viales graves estaría relacionado con distracciones, argumento utilizado para incluir al cigarrillo entre las conductas que pueden elevar el riesgo durante la conducción.

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Otro aspecto señalado por la diputada es el riesgo que representan las cenizas y las brasas encendidas dentro del habitáculo. La caída de una brasa sobre la ropa o alguna parte del vehículo podría provocar una reacción repentina del conductor y generar una situación peligrosa, además de la posibilidad de incendios accidentales.

En cuanto al bolsillo, la iniciativa establece multas de entre 20 y 100 Unidades Fijas. Con la UF tomada como referencia en $2.271, la sanción partiría de $45.420 y podría alcanzar los $227.100. En caso de reincidencia, el proyecto contempla un endurecimiento de las sanciones y, ante situaciones consideradas de riesgo para la seguridad pública, una posible inhabilitación para conducir de hasta 30 días.