El presidente Javier Milei presentó su declaración jurada correspondiente al ejercicio 2025 ante la Oficina Anticorrupción, donde informó un patrimonio de $295,2 millones al cierre del año, un 43,3% más que al inicio del período. La presentación, difundida el lunes como parte de las obligaciones de los funcionarios nacionales, también incorporó una deuda bancaria que no figuraba en la declaración anterior.
De acuerdo con el documento oficial, los bienes, depósitos y dinero del mandatario pasaron de $206 millones a $295,1 millones, una diferencia cercana a los $89 millones. Sin embargo, el crecimiento no respondió a la compra de nuevos activos, sino principalmente a la actualización del valor de bienes ya declarados y al impacto de la suba del tipo de cambio sobre sus ahorros en dólares.
Entre los principales cambios figura la revaluación del departamento de 100 metros cuadrados que posee en la Ciudad de Buenos Aires, cuya valuación casi se duplicó. En contraste, sus dos vehículos —una Mercedes-Benz Sprinter y un Peugeot RCZ Coupé— conservaron el mismo valor declarado, mientras que sus tenencias en moneda estadounidense aumentaron su equivalencia en pesos por la variación del dólar oficial utilizada para la presentación.

La declaración también detalló ingresos netos superiores a $81,8 millones durante 2025 y gastos personales por más de $66 millones. Además, Milei informó una deuda de $586.357 con el Banco Supervielle, un pasivo que no aparecía en el ejercicio previo y que quedó registrado dentro de su patrimonio declarado.
En paralelo, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, exhibió un incremento patrimonial del 210% en términos nominales. Sus bienes pasaron de $11,4 millones a $35,3 millones, impulsados casi exclusivamente por la revaluación de su vivienda ubicada en Vicente López, mientras que el resto de sus activos registró variaciones mucho menores.

La publicación de las declaraciones juradas forma parte del régimen de transparencia que administra la Oficina Anticorrupción y obliga a los funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional a informar anualmente la evolución de su patrimonio. Estos documentos permiten conocer la composición de bienes, ingresos, deudas y activos declarados, además de ofrecer un seguimiento público sobre las variaciones patrimoniales durante el ejercicio fiscal.