La Cámara de Diputados bonaerense realizará el jueves a las 14 horas su cuarta sesión ordinaria de 2026, con un temario que incluye proyectos sobre violencia digital, protección de menores, discapacidad y ambiente. La jornada buscará acelerar una actividad legislativa que tuvo una producción mesurada en cuánto a tratamientos durante el año.
Entre las iniciativas que llegarán al recinto se encuentra la denominada Ley Ema, impulsada por la diputada Mayra Mendoza. El proyecto propone crear un programa provincial para prevenir y abordar de manera integral la violencia digital en las escuelas, con herramientas destinadas a estudiantes, docentes y autoridades educativas.
La iniciativa toma su nombre del caso de Ema Bondaruk, una adolescente bonaerense que murió en 2024 luego de la difusión no consentida de imágenes íntimas en su entorno escolar. El texto plantea incorporar contenidos sobre ciudadanía digital, consentimiento, privacidad, protección de datos y uso responsable de las nuevas tecnologías, además de establecer capacitaciones para trabajadores de la educación.


Otro de los proyectos que concentrará la atención apunta a regular la utilización de imágenes, videos y audios de alumnos en las redes sociales de las escuelas. La propuesta de Luciana Padulo contempla mecanismos para autorizar o revocar el uso de esos registros y permitiría pixelar rostros, distorsionar voces o eliminar elementos identificatorios cuando el contenido sea difundido públicamente.
En materia de discapacidad, Diputados podría avanzar con la adhesión bonaerense al Régimen Federal de Empleo Protegido, destinado a fortalecer los derechos laborales de quienes trabajan en talleres protegidos. La Provincia concentra 177 de los 263 establecimientos de este tipo existentes en el país, según datos citados durante el tratamiento parlamentario.

Finalmente, el recinto abordará iniciativas ambientales vinculadas con los desarrollos inmobiliarios y la preservación de la biodiversidad. Uno de los proyectos propone incorporar corredores biológicos y medidas para reducir el impacto de las urbanizaciones sobre la fauna y flora autóctonas, además de establecer sanciones para los emprendimientos que incumplan las disposiciones.