El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, encabezado por Jorge Macri, lanzó una licitación para reorganizar la recolección de residuos reciclables y habilitó a empresas privadas a competir con las cooperativas de cartoneros, en un proceso que busca modificar el esquema vigente y mejorar el control del servicio. La medida generó una fuerte reacción de los recuperadores urbanos, que advierten por el futuro de miles de puestos de trabajo.
Desde la administración porteña justificaron la decisión en la necesidad de mejorar el funcionamiento de la recolección de residuos secos y reducir los problemas que, según sostienen, se observan en las calles. Entre las deficiencias señaladas aparecen incumplimientos de horarios, dificultades para seguir los recorridos y situaciones en las que materiales reciclables terminan fuera de los contenedores o sobre las veredas.
El nuevo esquema apunta especialmente a incorporar herramientas de seguimiento y evaluación. La Ciudad plantea que la prestación deberá contar con trazabilidad, monitoreo permanente y medición de resultados, con el objetivo de conocer cómo se realiza cada recorrido y mejorar la calidad del servicio. Desde el Gobierno porteño remarcaron que las cooperativas no quedan automáticamente excluidas y que podrán presentarse al proceso licitatorio.


La discusión, sin embargo, pone en tensión un modelo de reciclado que lleva más de una década incorporado formalmente a la gestión porteña. La normativa de la Ciudad establece la recolección diferenciada de residuos secos y contempla la participación de recuperadores urbanos dentro del sistema de higiene urbana. Además, la Ley de Basura Cero fija como objetivo reducir progresivamente la disposición final mediante separación, recuperación y reciclado.
El sistema actual tiene una dimensión laboral que excede la discusión sobre la limpieza. Investigaciones académicas señalan que las cooperativas de recuperadores urbanos tienen un rol central en la recolección diferenciada porteña y que miles de trabajadores participan de la recuperación y acondicionamiento de materiales en los Centros Verdes. El esquema de inclusión comenzó a consolidarse a partir de las políticas implementadas durante la década de 2000 y tomó una estructura formal en los años posteriores.


Por eso, la reacción de los cartoneros fue inmediata. Miles de recuperadores se movilizaron en la Ciudad para rechazar el proceso y denunciaron que las nuevas condiciones pueden poner en riesgo alrededor de 6.500 puestos de trabajo. Las organizaciones sostienen que competir directamente con empresas privadas puede resultar desigual por las exigencias económicas, operativas y tecnológicas previstas para la prestación.
Así, la licitación abrió una nueva disputa política y social alrededor de la basura reciclable en CABA: mientras Jorge Macri busca imponer mayores controles y estándares de prestación, las cooperativas defienden un modelo que combina reciclaje e inclusión laboral. El resultado del proceso definirá si los recuperadores continúan ocupando el lugar central que tienen actualmente o si las empresas privadas pasan a disputar una parte del servicio.