La Cámpora consiguió este jueves avanzar en la Legislatura bonaerense con un proyecto que busca blindar a las empresas públicas ante eventuales privatizaciones, al obtener dictamen favorable en la Comisión de Servicios Públicos de Diputados. La iniciativa, impulsada por Maite Alvado, propone elevar a dos tercios la mayoría necesaria para modificar la participación estatal.
El expediente plantea modificar las reglas actuales para que cualquier reducción de la propiedad o del control de la Provincia sobre una compañía estatal deba contar con una ley aprobada por una mayoría agravada. De esta manera, la propuesta apunta a dificultar futuras ventas, cesiones de acciones o cambios en el paquete accionario de las firmas públicas.
El proyecto cosechó el respaldo de los bloques de Fuerza Patria, además de representantes de la UCR, Hechos, Nuevos Aires y Unión y Libertad. En la vereda opuesta quedaron La Libertad Avanza y el PRO, que rechazaron la iniciativa y presentaron un dictamen de minoría en la comisión.


Entre las empresas alcanzadas por el debate aparecen Aguas Bonaerenses (ABSA), Autopistas de Buenos Aires (AUBASA) y Buenos Aires Gas (BAGSA), compañías vinculadas a servicios e infraestructura estratégica en el territorio provincial. El objetivo de la propuesta es preservar la presencia estatal y evitar que eventuales cambios de gobierno puedan avanzar con modificaciones sustanciales mediante una mayoría simple.
Desde La Cámpora sostienen que la estabilidad en la gestión de estas compañías resulta necesaria para garantizar inversiones, infraestructura y continuidad en la prestación de servicios. El planteo también se inscribe en una discusión más amplia sobre el rol del Estado y el margen que tendrá la próxima administración bonaerense para definir el destino de las empresas públicas.

Sin embargo, la oposición cuestionó el mecanismo elegido y puso el foco en la constitucionalidad de establecer una mayoría especial mediante una ley ordinaria. PRO y LLA argumentaron que la Constitución bonaerense reserva las mayorías agravadas para casos expresamente previstos, por lo que el proyecto promete abrir una nueva disputa política y jurídica si llega al recinto.