Axel Kicillof mantiene frenada la negociación para cubrir las cuatro vacantes de la Suprema Corte bonaerense, pese al reclamo del máximo tribunal, la presión de la oposición y las internas del peronismo. El Gobernador considera que todavía no están dadas las condiciones políticas para enviar los pliegos al Senado y avanzar con los nombramientos.
La demora dejó al máximo tribunal provincial funcionando con apenas tres de sus siete integrantes: Sergio Torres, Daniel Soria e Hilda Kogan. Las otras cuatro sillas permanecen vacías desde las salidas de Héctor Negri, Eduardo de Lázzari, Eduardo Pettigiani y Luis Genoud, por lo que la Corte atraviesa una situación excepcional para el funcionamiento de la Justicia bonaerense.
El reclamo institucional ya fue explicitado por la propia Suprema Corte. A fines de abril, el tribunal encabezado por Torres exhortó al Ejecutivo y a la Legislatura a avanzar con la cobertura de los cargos vacantes, al considerar que se trata de una cuestión necesaria para garantizar el adecuado funcionamiento del servicio de Justicia.

Pero el problema dejó de ser exclusivamente judicial y se convirtió en una negociación política de alto voltaje. Para que los futuros integrantes lleguen al máximo tribunal, Kicillof debe enviar sus propuestas al Senado, donde necesita construir los consensos necesarios para conseguir los dos tercios requeridos para la aprobación de los pliegos.
En ese escenario aparece uno de los principales obstáculos para el oficialismo: la interna del peronismo bonaerense. Sectores vinculados al cristinismo pretenden que la discusión por los jueces de la Corte sea parte de una negociación más amplia que incluya las reglas electorales para 2027, entre ellas las reelecciones indefinidas de intendentes, las PASO y un eventual desdoblamiento electoral bonaerense.
La distribución de las cuatro vacantes también se transformó en una disputa de poder. En las últimas semanas circularon distintos nombres y posibles esquemas de reparto entre los sectores del peronismo y la oposición, aunque desde el entorno del Gobernador niegan que exista un acuerdo cerrado sobre las postulaciones. Entre los nombres que trascendieron aparece incluso el del ministro de Justicia bonaerense, Juan Martín Mena.

A esto se suma el escenario del Senado, donde el oficialismo necesita ordenar una Cámara atravesada por fuertes diferencias internas. La Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, que funciona como una instancia clave para el tratamiento de los pliegos judiciales, quedó bajo la conducción del camporista Emmanuel González Santalla, otro factor que obliga al Ejecutivo a negociar antes de mover sus fichas.

Mientras tanto, la demora comienza a generar preocupación más allá de la pelea política. El Colegio de Abogados de la Provincia reclamó en julio que se cubran las vacantes tanto de la Corte nacional como de la bonaerense y advirtió que la falta de integración de los máximos tribunales compromete seriamente el servicio de Justicia. Con cuatro lugares vacíos, Kicillof conserva la lapicera para proponer los nombres, pero todavía no encontró el escenario político para poner en marcha la negociación.