La Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires oficializó la contratación directa de la empresa estatal ARSAT para brindar el servicio de alojamiento de la infraestructura informática del organismo durante los próximos 24 meses. La adjudicación, publicada en el Boletín Oficial, asciende a $546.596.088, contempla pagos mensuales por más de $22,7 millones y habilita futuras actualizaciones de precios, además de una eventual ampliación del contrato.
La medida quedó formalizada mediante la Resolución N° 8951-SSAYRHDGCYE-2026 y se encuadra dentro del régimen de contratación directa por excepción previsto en la Ley provincial N° 13.981. Bajo esta modalidad, el procedimiento no requiere licitación pública ni competencia entre oferentes cuando existen causales previstas por la normativa, por lo que la Provincia avanzó con la adjudicación de manera directa.
El convenio tiene como objetivo que los servidores y el equipamiento tecnológico del sistema educativo bonaerense funcionen en un centro de datos administrado por ARSAT. Este tipo de servicio, conocido como housing, permite alojar infraestructura informática en un datacenter con estándares de seguridad física, conectividad y disponibilidad, una práctica habitual para organismos públicos que administran grandes volúmenes de información.


Uno de los puntos que más atención genera es que el contrato incorpora un mecanismo de redeterminación de precios. Esto significa que el monto inicialmente adjudicado podrá modificarse durante su ejecución en función de la evolución de los costos. A su vez, la resolución deja abierta la posibilidad de ampliar la prestación hasta en un 50% del contrato original, lo que podría incrementar de manera significativa el gasto previsto para el servicio.
Otro aspecto destacado del expediente es que la Dirección Provincial de Sistemas de la Información, dependiente del Ministerio de Gobierno, aclaró que su intervención se limitó exclusivamente a la evaluación técnica del servicio. La razonabilidad del precio y la decisión administrativa quedaron bajo la responsabilidad de las autoridades de la cartera educativa, una aclaración que también quedó reflejada expresamente en el texto de la resolución.

La contratación recibió las intervenciones favorables de los organismos de control provinciales, entre ellos la Asesoría General de Gobierno, la Contaduría General, la Fiscalía de Estado, el Organismo Provincial de Contrataciones y el Ministerio de Economía, que no formularon objeciones al procedimiento administrativo. Con esta decisión, el Gobierno bonaerense garantiza la continuidad de una infraestructura considerada estratégica para el funcionamiento de los sistemas digitales de Educación, aunque el esquema de contratación directa y las cláusulas que permiten futuras actualizaciones del monto vuelven a poner el foco sobre este tipo de mecanismos de contratación en la administración pública.