Con un perfil bonaerense, Alak advirtió por la modificación de la Ley de Tierras y lanzó una dura alerta a Milei

Como presidente del Partido Justicialista platense, el intendente de La Plata, Julio Alak, cuestionó el proyecto del gobierno de Javier Milei para modificar la Ley Nacional de Tierras Rurales y advirtió que, de avanzar la iniciativa, más de siete millones de hectáreas de la provincia de Buenos Aires podrían quedar en manos de propietarios extranjeros. Lo hizo durante una charla organizada por el Instituto de Capacitación Política (ICP), en la previa del debate previsto en el Senado de la Nación sobre la reforma de la norma.

Acompañado por la abogada Florencia Gómez, una de las impulsoras de la Ley 26.737 y primera directora del Registro Nacional de Tierras Rurales, Alak sostuvo que la derogación o flexibilización de la legislación vigente representa "un atentado contra la soberanía nacional". En ese marco, afirmó que la normativa fue concebida para preservar el control argentino sobre un recurso estratégico como la tierra y evitar procesos de concentración o extranjerización.

“Con Florencia tuvimos la satisfacción de trabajar juntos en la creación del Registro Nacional de Tierras de la Argentina, cuando me tocó ser Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación en la presidencia de Cristina Kirchner”, repasó el mandatario platense. Según explicó, ese relevamiento permitió por primera vez contar con información oficial sobre la titularidad de las tierras rurales y establecer mecanismos de control para cumplir con los límites fijados por la ley.

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— Julio Alak (@Julio_Alak) August 5, 2026

Durante la exposición, Alak aseguró que la propuesta impulsada por la administración libertaria podría modificar de manera sustancial esos criterios. Incluso calificó el proyecto como "un caballo de Troya", al considerar que, bajo el argumento de brindar mayor seguridad jurídica a las inversiones, terminaría eliminando restricciones destinadas a resguardar el patrimonio territorial del país.

Por su parte, Gómez planteó que la iniciativa no debe analizarse de manera aislada, sino junto a otros instrumentos económicos promovidos por el Gobierno nacional, como el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). A su entender, la combinación de ambas herramientas otorgaría mayores garantías regulatorias a inversores extranjeros y reduciría la capacidad del Estado para intervenir sobre el uso y la propiedad de las tierras rurales. Asimismo, la coautora del proyecto explicó: “En la provincia de Buenos Aires hay más de 30 millones de hectáreas y más de 7 millones quedarían en manos de extranjeros, sin acceso a lagos, sin acceso a ríos”.

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La Ley 26.737, sancionada en 2011, estableció que la titularidad extranjera no puede superar el 15% de las tierras rurales del país, de cada provincia y de cada municipio. Además, fijó límites para la cantidad de hectáreas que puede adquirir un mismo propietario extranjero en la denominada zona núcleo y prohibió la compra de terrenos que contengan o sean ribereños de cuerpos de agua permanentes considerados estratégicos.

El debate volvió a instalarse luego de que el oficialismo nacional impulsara cambios en ese régimen con el argumento de promover inversiones y ampliar la seguridad jurídica para el desarrollo productivo. Sin embargo, distintos sectores políticos, académicos y organizaciones vinculadas a la defensa de los recursos naturales vienen manifestando reparos sobre el impacto que una flexibilización podría tener en materia de soberanía territorial y acceso a recursos estratégicos.

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La intervención de Alak también se inscribe en el posicionamiento que el peronismo bonaerense viene sosteniendo frente a las principales iniciativas del Gobierno nacional. A pocas horas del tratamiento legislativo, el intendente buscó reforzar el rechazo a la reforma y advirtió que el debate excede la cuestión inmobiliaria, al considerar que involucra la administración de recursos naturales, el desarrollo del interior y el control sobre una parte sustancial del territorio argentino.