Mayra Mendoza cuestionó las dificultades para vincular el CUD con la tarjeta SUBE

La diputada bonaerense de Fuerza Patria, Mayra Mendoza, presentó un proyecto de preocupación luego de que personas con discapacidad reportaran dificultades para vincular el Certificado Único de Discapacidad (CUD) con la tarjeta SUBE y mantener el acceso al transporte público subsidiado. La legisladora cuestionó el sistema implementado por el Gobierno nacional y señaló que genera obstáculos para miles de usuarios.

Mendoza sostuvo que la modificación impulsada por la administración de Javier Milei provocó “trabas burocráticas” que afectan la vida cotidiana de quienes necesitan utilizar el beneficio. Según expresó, el procedimiento que debía agilizar el acceso al subsidio derivó en largas filas, problemas técnicos y complicaciones para completar el trámite obligatorio.

Hasta mediados de junio, las personas con discapacidad podían viajar con el 100% del transporte subsidiado mediante la presentación del CUD. Sin embargo, el Ministerio de Salud nacional, encabezado por Mario Lugones, estableció una nueva modalidad que exige vincular progresivamente el certificado con una tarjeta SUBE registrada a nombre del beneficiario.

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Aunque el trámite fue diseñado para realizarse de manera online, la plataforma presentó fallas e intermitencias durante los últimos días. Esa situación llevó a numerosos usuarios y familiares a acercarse a distintas oficinas de la ANSES para resolver inconvenientes, generando filas y una mayor demanda de atención en algunas sedes.

La diputada camporista afirmó que las dificultades en la implementación forman parte de una política que busca reducir prestaciones destinadas a personas con discapacidad. En ese sentido, advirtió que las barreras administrativas pueden terminar provocando la pérdida de derechos por falta de acceso efectivo al beneficio establecido para este sector.

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Además, Mendoza relacionó estos inconvenientes con la discusión por la emergencia en discapacidad y la judicialización de algunos artículos de la normativa. La legisladora remarcó que el Estado debe garantizar los derechos de las personas con mayores necesidades de asistencia y sostuvo que es preferible ampliar la protección antes que dejar a ciudadanos sin cobertura.