La Provincia de Buenos Aires intimó a la Cooperativa de Electricidad General Balcarce a cancelar una deuda de $1.891,6 millones con el Fideicomiso de Inversiones en Transporte de la Provincia de Buenos Aires (FITBA). La decisión fue oficializada este viernes mediante la Resolución N° 580 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, que otorgó un plazo de diez días hábiles para regularizar la situación y advirtió que, de no hacerlo, avanzará una demanda judicial para recuperar los fondos.
Según surge del expediente administrativo, el pasivo corresponde a agregados tarifarios que la distribuidora eléctrica percibió a través de las facturas abonadas por los usuarios, pero que no fueron transferidos al fideicomiso provincial. El monto incluye obligaciones corrientes, deudas surgidas de auditorías, cuotas vencidas de distintos planes de regularización e intereses acumulados hasta abril de este año.
Desde la administración de Axel Kicillof remarcaron que la cooperativa adhirió en reiteradas oportunidades a programas de refinanciación impulsados por la Provincia desde 2023. Sin embargo, los incumplimientos persistieron pese a las reestructuraciones de deuda, las intimaciones administrativas y las cartas documento enviadas por el Ministerio de Infraestructura.

Como parte de la resolución, el Gobierno bonaerense habilitó la posibilidad de que la entidad reduzca parte del pasivo mediante la cesión de créditos retenidos del Fondo Provincial de Compensaciones Tarifarias. No obstante, dejó establecido que, vencido el plazo sin el pago correspondiente, Provincia Fideicomisos S.A.U. deberá iniciar las acciones judiciales pertinentes, ya que el acto administrativo constituye título ejecutivo y agiliza el eventual reclamo en la Justicia.
El FITBA es un instrumento clave para financiar obras y mejoras en el sistema eléctrico bonaerense. Se nutre de fondos específicos incluidos en las tarifas de energía eléctrica y su objetivo es sostener inversiones en infraestructura y fortalecer la calidad del servicio. Por ese motivo, la Provincia sostiene que los recursos retenidos por la cooperativa poseen una afectación específica y no pueden destinarse a otros fines.

El caso también involucró la intervención del Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia (OCEBA), al que el Ministerio conducido por Gabriel Katopodis solicitó evaluar la apertura de un procedimiento sancionatorio y mantener retenidas las compensaciones tarifarias hasta que la distribuidora regularice su situación. Con esta medida, la gestión de Kicillof profundiza su estrategia de recuperar fondos destinados al sistema energético provincial en un contexto de fuerte presión sobre las finanzas públicas y de continuidad de las inversiones en infraestructura eléctrica.