La gestión de Axel Kicillof enfrenta una nueva presión política en la Legislatura bonaerense por dos conflictos que siguen sin resolverse: la situación del IOMA y las demoras en los pagos a proveedores del Estado. Mientras la oposición multiplica proyectos para exigir explicaciones y reformas, empresarios y prestadores advierten que la falta de respuestas comienza a afectar servicios clave en la Provincia.
El caso de la obra social estatal volvió a instalarse en el centro del debate parlamentario. En las últimas semanas ingresaron iniciativas para declarar la emergencia del IOMA, conformar una comisión bicameral de seguimiento, solicitar informes al Poder Ejecutivo e incluso citar al presidente del organismo, Homero Giles, y al ministro de Salud, Nicolás Kreplak. A esos proyectos se sumaron propuestas impulsadas por bloques de la UCR, el PRO, la Coalición Cívica, La Libertad Avanza y la izquierda, reflejando un amplio abanico de cuestionamientos.
Uno de los episodios que evidenció esa tensión fue la frustrada sesión especial en la Cámara de Diputados convocada para debatir exclusivamente la crisis del IOMA. Aunque la oposición logró reunir el quórum necesario, no consiguió los dos tercios requeridos para tratar sobre tablas los expedientes, ya que las iniciativas no habían pasado previamente por las comisiones legislativas, por lo que el debate quedó nuevamente postergado.

En paralelo, el Gobierno bonaerense rechaza buena parte de las críticas y sostiene que muchas denuncias responden a una utilización política del conflicto. Días atrás, Homero Giles aseguró que "no corresponde hablar de deuda cuando el plazo de vencimiento no está cumplido" y defendió el esquema de pagos del organismo. Además, la Provincia destacó recientemente que canceló obligaciones con el Hospital Garrahan y afirmó que parte de los montos reclamados por Nación carecían de respaldo administrativo.
El segundo frente de conflicto pasa por la cadena de pagos del Estado provincial. Desde distintos sectores empresariales advierten que persisten demoras de varios meses para cancelar obligaciones con proveedores, una situación que golpea especialmente a empresas vinculadas a la salud, la obra pública y la prestación de servicios. En ese marco, el senador bonaerense de Hechos, Marcelo Leguizamón presentó un pedido de informes para conocer el volumen de la deuda y determinar si el Ejecutivo analiza alternativas financieras para afrontar esos compromisos.


Asimismo, la preocupación también llegó al sector productivo. Desde la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires (CEPBA) advirtieron que muchas firmas comenzaron a limitar su participación en contrataciones públicas ante la incertidumbre sobre los plazos de cobro, un escenario que, sostienen, impacta directamente sobre la planificación financiera de las empresas y la continuidad de proyectos.
Con ambos frentes abiertos, el gobierno de Kicillof deberá administrar un escenario complejo en la antesala de la discusión por el Presupuesto y la Ley Impositiva. Mientras la oposición busca convertir los problemas del IOMA y los atrasos en los pagos en ejes de control legislativo, el oficialismo insiste en que la Provincia atraviesa restricciones financieras agravadas por la reducción de transferencias nacionales y defiende las medidas adoptadas para sostener el funcionamiento del Estado y de la obra social bonaerense.