El gobierno de Axel Kicillof extendió hasta el 31 de enero de 2027 la suspensión del programa MESA Bonaerense y resolvió concentrar los recursos destinados a la asistencia alimentaria escolar en el Servicio Alimentario Escolar (SAE). La decisión fue oficializada por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad y se fundamentó en las dificultades financieras de la Provincia y la reducción de las transferencias nacionales, mientras la oposición volvió a cuestionar el manejo de los fondos destinados a las familias vulnerables.
La medida implica prolongar un esquema que había comenzado en mayo, cuando la Provincia dispuso la suspensión transitoria del MESA por 90 días. El programa, creado en 2022, funcionaba como un complemento del SAE mediante la entrega de módulos alimentarios para estudiantes en situación de vulnerabilidad y, según información oficial, alcanzaba a más de dos millones de niños, niñas y adolescentes.
Desde la administración bonaerense justificaron el reordenamiento presupuestario en la necesidad de priorizar el SAE, al que consideran una política alimentaria permanente y estructural. En esa línea, el Gobierno provincial viene reforzando el programa: en julio anunció un incremento del 15% que llevó la suba acumulada durante 2026 al 49,58% y elevó la inversión mensual a más de $70.000 millones para asistir a unos 2,5 millones de estudiantes.


El trasfondo de la decisión está atravesado por la disputa financiera entre la Provincia y la Nación. El ministro Andrés Larroque viene reclamando fondos nacionales para sostener la asistencia y, en abril, afirmó que la participación de Nación en el financiamiento del SAE había caído al 14,5%, frente al 33% histórico, mientras denunció una deuda vinculada a programas alimentarios. El Ejecutivo bonaerense sostiene que esa merma obliga a reasignar recursos propios y concentrarlos en las prestaciones que se brindan diariamente en las escuelas.
En este escenario, La Libertad Avanza bonaerense volvió a cargar contra Kicillof y anticipó nuevos pedidos de informes en ambas cámaras legislativas para conocer los fundamentos de la prórroga, el universo de beneficiarios afectados y las alternativas previstas durante la suspensión. La oposición libertaria sostiene que la Provincia debe brindar explicaciones sobre el futuro de la asistencia alimentaria, mientras el oficialismo defiende la decisión como una priorización de recursos en un contexto de restricciones presupuestarias.

Así, la suspensión del MESA hasta comienzos de 2027 abre un nuevo capítulo de la pelea política por la asistencia social en territorio bonaerense. Mientras el gobierno de Kicillof busca concentrar el esfuerzo financiero en el SAE y destaca sus aumentos presupuestarios, la oposición pone el foco en la interrupción de los módulos complementarios y reclama transparencia sobre el destino de los recursos, en una discusión que promete trasladarse nuevamente a la Legislatura.