Contaminación radioactiva, equipo clandestino y una denuncia que evidencia el abandono de Gray al Hospital Santamarina

Aunque la denuncia que vincula a equipo radioactivo no habilitado en el Hospital Santamarina del municipio bonaerense de Esteban Echeverría se dio a conocer meses atrás, ahora vieron la luz más detalles sobre el personal afectado, el equipamiento y la causa judicial, un trinomio que expone la falta de atención por parte del intendente Fernando Gray. 

Según De Acá Info, médicos y técnicos del Servicio de Diagnóstico por Imágenes contaron que el tomógrafo del hospital funcionó de manera clandestina durante seis años ininterrumpidos sin contar con la habilitación correspondiente de Radiofísica Sanitaria, incumpliendo la Ley Nacional de Radiofísica N.º 17.557.

El caso ya se encuentra en manos de la Justicia de Lomas de Zamora tras una demanda penal iniciada por el personal afectado bajo el expediente 9838-LZ.

Primer punto de conflicto

El conflicto estalló en febrero de este año, luego de que la nueva jefa del servicio, la doctora Laura Deluca, quien desde hace años integra la planta profesional del hospital, detectó que los informes de dosimetría —los dispositivos que controlan el nivel de radiación acumulado por los técnicos— arrojaban valores extremadamente altos.

Ante esta situación, solicitó una inspección urgente a todas las salas del sector y los resultados técnicos fueron contundentes: la firma especializada OFIUKO SRL constató una alta dispersión de radiación en el interior del búnker de comandos, el espacio blindado donde los radiólogos deberían estar completamente resguardados de las emisiones.

Para dimensionar el peligro al que estuvo expuesto el personal de salud durante más de seis años, es importante tener presente que un solo estudio de tomografía de tórax equivale a la radiación de más de 200 placas de rayos X convencionales.

La auditoría de la empresa electromédica dejó en evidencia que las deficiencias edilicias eran estructurales: las puertas de las salas de mamografía y de rayos X carecían de los revestimientos de plomo obligatorios. Además, los planos de las instalaciones ya arrastraban objeciones formales desde inspecciones previas de los organismos de control, que nunca fueron tenidas en cuenta.

Ante la gravedad del hallazgo, el tomógrafo —un equipo de última tecnología Philips Ingenuity 32C— fue apagado de inmediato para frenar la exposición del personal.

"El tomógrafo no se puede prender; no está habilitado por Radiofísica, no está habilitado por la Provincia de Buenos Aires", advirtió de forma tajante la doctora Deluca en una directiva interna dirigida a los técnicos según publicó De Acá Info, ordenando que el aparato permaneciera estrictamente fuera de servicio hasta que concluyan “las reformas de blindaje".

Polémicas decisiones

El equipamiento fue incorporado en el año 2019 bajo la gestión de la entonces secretaria de Salud municipal, Paula Verónica Ferraris. Según el texto, Ferraris llegó a la gestión del intendente Gray con una imputación judicial por "abuso y maltrato" como funcionaria de la Cancillería y actualmente suma una denuncia por "abuso y discriminación" en su cargo de subsecretaria de Gestión y Empleo Público de la Secretaría General de la Gobernación de la provincia de Buenos Aires.

Según consta en los planos y registros del cálculo de blindaje del hospital, el trámite de habilitación ante la autoridad regulatoria de la provincia de Buenos Aires recién fue iniciado formalmente en marzo de 2026, figurando todavía con el estatus de "A.I.P. (PBA) en trámite".

Esto significa, según el texto, que el equipo operó de manera clandestina y en condiciones inseguras desde el primer día de su instalación.

Más implicados

El escándalo también salpica las designaciones del personal jerárquico del área de Radiología. De acuerdo con la Ley N.º 17.557, cualquier profesional que asuma la jefatura de un servicio de rayos X debe contar obligatoriamente con el curso aprobado en Radiofísica Sanitaria.

Sin embargo, según se supo, la doctora Cecilia Dalmonte habría ejercido el cargo sin cumplir con este requisito legal.

La polémica se extiende a la conducción actual, dado que la nueva jefatura tampoco poseía dicha capacitación al momento de asumir el cargo y, en una maniobra cuestionada por profesionales del sector, el costo del curso obligatorio fue incluido y financiado de manera indirecta por el Municipio de Esteban Echeverría dentro del paquete de refacciones contratado a la empresa OFIUKO SRL.

Ante la falta de respuestas y la negativa de las máximas autoridades médicas del Policlínico Municipal Santamarina a entablar un canal de diálogo con los damnificados, los técnicos radiólogos decidieron llevar el caso a los tribunales civiles y laborales de Lomas de Zamora.

La demanda judicial busca determinar las responsabilidades penales y administrativas por los años de exposición continuada a niveles nocivos de radiación.

El 26 de marzo de este año, poco más de seis años después de la instalación del equipo, comenzó la adecuación del lugar. Una firma contratista presentó un presupuesto "llave en mano" por un total de 18.573.000 pesos para realizar el plomado de las paredes del búnker, la colocación de ventanas con soportes de hierro para resistir vidrios plomados de 300 kilos y la reparación de durlock con pasta plomada en las salas afectadas.

La solicitud de gastos oficial —documento N.º 10-2374— fue aprobada formalmente a comienzos de abril por el secretario de Obras Públicas, Sergio Bennet, una obra millonaria que llega con seis años de retraso y un juicio en curso.

La falta de controles por parte de las autoridades y especialmente del intendente Gray sobre una cuestión delicada como el equipamiento médico y su uso responsable encienden una enorme alarma sobre las prioridades del jefe comunal.