El senador bonaerense Marcelo “Chuby” Leguizamón presentó un pedido de informes para que el gobierno de Axel Kicillof explique el impacto económico y previsional del traspaso de trabajadores no docentes y docentes extraprogramáticos de colegios privados al Instituto de Previsión Social (IPS). La oposición busca conocer cuántas personas serán alcanzadas, qué estudios respaldan la medida y cómo se garantizará la sustentabilidad del sistema.
La discusión se originó con el Presupuesto bonaerense 2026, que estableció un cambio en el régimen de aportes previsionales para este sector de trabajadores de la educación privada. El planteo de Leguizamón apunta a determinar cuántos empleados ya fueron incorporados al esquema provincial y cómo se distribuyen por región educativa y distrito, además de diferenciar entre personal no docente y quienes dictan actividades extraprogramáticas.
Uno de los principales interrogantes planteados por el legislador opositor está vinculado al impacto actuarial del cambio. Leguizamón reclama que la Provincia informe si realizó proyecciones sobre los ingresos que generarán los nuevos aportantes y, al mismo tiempo, sobre las futuras jubilaciones y pensiones que deberá afrontar el IPS. La preocupación radica en que una mayor cantidad de afiliados puede generar recursos adicionales en el corto plazo, pero también nuevas obligaciones a futuro.


El pedido de informes también pone el foco en la situación financiera del organismo previsional bonaerense y solicita conocer si el Ejecutivo contempla realizar aportes extraordinarios para sostener el sistema en los próximos años. En ese sentido, el senador busca que se presenten escenarios que contemplen variables como la evolución salarial, la expectativa de vida, la edad efectiva de retiro y la relación entre trabajadores activos y beneficiarios.
La medida, además, se encuentra atravesada por una disputa jurídica y política más amplia. Desde el sector de la educación privada cuestionaron el cambio de régimen y plantearon reparos sobre la coexistencia entre las obligaciones previsionales nacionales y provinciales. En ese marco, la controversia suma presión sobre la administración de Kicillof, que deberá defender el alcance y la implementación de una decisión con efectos sobre un sector relevante del sistema educativo.

Con su iniciativa, Leguizamón busca instalar la discusión sobre la sustentabilidad del IPS y exigir que el Ejecutivo bonaerense transparente los números detrás del traspaso. El debate promete continuar en la Legislatura, mientras la oposición reclama información concreta antes de que la incorporación de nuevos trabajadores al régimen provincial genere compromisos previsionales de largo plazo.