El diputado bonaerense Agustín Romo presentó en la Legislatura provincial un proyecto que propone cobrar la atención en hospitales públicos y los estudios de grado en universidades de gestión estatal a los extranjeros que no acrediten residencia permanente. La iniciativa, respaldada por legisladores de La Libertad Avanza y el PRO, busca modificar el acceso gratuito a ambos servicios y ya abrió una nueva polémica política en la Provincia.
El proyecto establece que los extranjeros sin residencia permanente deberán afrontar el costo de las prestaciones sanitarias que reciban, ya sea mediante un seguro, la cobertura de un tercero o el pago directo. La propuesta contempla que el recupero de esos fondos se canalice a través del Sistema de Atención Médica Organizada (SAMO), con el objetivo de reforzar el financiamiento del sistema sanitario bonaerense.
De todos modos, la iniciativa fija un límite central: ningún paciente podrá ser rechazado o demorado cuando atraviese una emergencia que implique riesgo para su vida. En esos casos, la atención deberá garantizarse y el eventual cobro se realizaría una vez que la persona haya sido estabilizada. También quedan exceptuadas determinadas prestaciones vinculadas a la salud pública, como la vacunación y el tratamiento de enfermedades transmisibles, además de las víctimas de trata.

En materia educativa, el texto apunta a las universidades provinciales de gestión estatal y propone que cobren una retribución a los estudiantes extranjeros que no tengan residencia permanente. Serían las propias instituciones las encargadas de establecer los montos, las formas de pago y los mecanismos de actualización, de acuerdo con el marco que eventualmente establezca la ley.
El alcance de la iniciativa, sin embargo, tiene una particularidad que puede convertirse en uno de los principales puntos de debate: el proyecto provincial no alcanzaría a universidades nacionales como la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), ya que esas instituciones dependen de la jurisdicción federal. En territorio bonaerense, el esquema impactaría sobre las casas de estudios que tengan carácter provincial.

La propuesta de Romo llega, además, en un escenario nacional donde el gobierno de Javier Milei ya avanzó en 2025 con modificaciones a las reglas sobre el acceso de extranjeros a la salud pública y la educación superior. El Decreto 366/2025 habilitó a las universidades estatales a establecer aranceles para quienes no cuenten con residencia permanente, mientras que fijó un esquema diferenciado para la atención sanitaria habitual de extranjeros, aunque mantuvo la obligación de garantizar las emergencias.

Ese antecedente le da al proyecto bonaerense un marco político particular. La Ley de Migraciones, tras los cambios introducidos por el decreto, mantiene el acceso igualitario de los inmigrantes a derechos y servicios según su categoría migratoria, mientras que para la salud establece que las emergencias no pueden ser restringidas y diferencia el acceso de los residentes permanentes.

En el plano político, la iniciativa cosechó el acompañamiento de buena parte de la bancada libertaria y también de Alejandro Rabinovich, presidente del bloque PRO en la Cámara de Diputados bonaerense. Desde esos espacios sostienen que los recursos provinciales deben priorizar a quienes contribuyen de manera permanente al sostenimiento del Estado y plantean que lo recaudado podría volcarse a hospitales, medicamentos, equipamiento e infraestructura.
Romo, por su parte, eligió un discurso de fuerte confrontación para defender la iniciativa y vinculó su presentación con las críticas que circularon contra la Argentina tras la final del Mundial 2026. Con el proyecto ahora en la Legislatura, el debate promete escalar: mientras sus impulsores lo presentan como una discusión sobre el uso de los recursos públicos, sus detractores cuestionarán el criterio de acceso según la condición migratoria y el alcance que pueda tener la medida sobre los derechos de los extranjeros en la Provincia.