11:55 | Nueva ley
21/07/2026 - Edición Nº3582
Sociedad
Fallo judicial
La Justicia Federal frenó una resolución del gobierno de Milei y obligó a informar la suba de precios en combustibles
12:34 | Un juzgado federal de La Plata declaró inconstitucional la resolución que había eliminado el sistema de aviso previo de aumentos. Las petroleras deberán volver a comunicar las modificaciones de precios al Gobierno nacional.
La Justicia Federal de La Plata declaró inconstitucional la resolución del Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo y que había eliminado la obligación de informar previamente las subas de combustibles, tras un amparo colectivo presentado por el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis). El fallo, dictado por el juez Alejo Ramos Padilla, ordena restablecer el mecanismo de información para que el Gobierno nacional conozca las modificaciones de precios en los surtidores.
La medida judicial impacta de lleno en la política de desregulación a cargo de Federico Sturzenegger, e impulsada por la administración de Javier Milei. En mayo de 2025, el Ministerio de Economía había derogado la Resolución 314/2016, que obligaba a los titulares de las estaciones de servicio a comunicar los cambios de precios dentro de las ocho horas posteriores a su aplicación.
El argumento del Gobierno nacional para eliminar ese sistema apuntaba a reducir cargas administrativas y dejar que los valores se definieran con mayor libertad en función de la oferta y la demanda. La gestión libertaria también sostuvo que los consumidores podían consultar los precios mediante aplicaciones, sitios web y otras plataformas, sin necesidad de mantener un esquema estatal centralizado.
Sin embargo, desde Cepis cuestionaron que la derogación significara un retroceso en materia de transparencia y protección de los usuarios. En esa línea, el planteo judicial sostuvo que la información sobre las variaciones en los surtidores resulta relevante para que los consumidores puedan comparar precios y tomar decisiones, además de facilitar el control sobre un mercado que impacta directamente en el bolsillo.
El fallo adquiere especial relevancia en un escenario donde los combustibles continúan sujetos a movimientos de precios y a decisiones vinculadas con los impuestos específicos que gravan las naftas y el gasoil. De hecho, el Gobierno nacional mantiene un esquema de actualización de esos tributos, con nuevos incrementos previstos para los combustibles a partir de agosto de 2026.
En paralelo, la discusión ya comenzó a trasladarse al ámbito bonaerense. En la Legislatura provincial avanza una iniciativa de la diputada massista Ayelén Rasquetti que busca establecer un plazo de 72 horas para que las empresas informen las actualizaciones de precios, sumando presión política sobre las petroleras y abriendo un nuevo capítulo en la disputa por la transparencia del mercado de combustibles.
