Violencia escolar: la oposición activó un proyecto en el Senado bonaerense y los legisladores acompañaron

El Senado bonaerense aprobó este jueves un proyecto de declaración impulsado por el presidente del bloque PRO, Pablo Petrecca, que pone el foco en el aumento de los episodios de violencia y amenazas en escuelas de la provincia de Buenos Aires. La iniciativa reclama al gobierno de Axel Kicillof el diseño de una política pública permanente de bienestar escolar, con participación de las áreas de Educación, Salud, Desarrollo Social, Seguridad y sumar al Poder Judicial, para prevenir conflictos antes de que escalen.

La propuesta parte de la premisa de que las amenazas, agresiones y situaciones de violencia que se registraron en distintos establecimientos educativos durante los últimos meses no pueden ser abordadas únicamente con respuestas de emergencia. En ese sentido, el texto aprobado advierte que se trata de un fenómeno que refleja problemáticas sociales más profundas y que demanda un trabajo sostenido de prevención, acompañamiento y articulación institucional.

El proyecto aprobado insta al Ejecutivo provincial a avanzar en un esquema de intervención coordinada entre los distintos organismos del Estado para fortalecer el acompañamiento a las comunidades educativas. Entre los ejes planteados aparecen la consolidación de equipos interdisciplinarios, la capacitación de docentes y directivos, la asistencia psicológica y la generación de mecanismos de escucha para estudiantes y familias.

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La iniciativa del PRO se da en un contexto de creciente preocupación por los episodios registrados en escuelas bonaerenses, donde durante este año se multiplicaron amenazas difundidas por redes sociales y mensajes intimidatorios que obligaron a suspender clases, evacuar edificios y activar protocolos de seguridad en distintos municipios. Esa situación también derivó en pedidos de informes y otros proyectos legislativos impulsados desde diferentes bloques políticos.

Desde el bloque opositor que conduce Petrecca sostienen que la responsabilidad de contener estos escenarios no puede recaer únicamente sobre docentes y equipos directivos, quienes enfrentan situaciones cada vez más complejas con recursos limitados. Por eso, remarcan que la Provincia debe asumir un rol más activo para garantizar herramientas de prevención, intervención y seguimiento que permitan reducir los niveles de conflictividad dentro de las aulas.

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La problemática también motivó respuestas por parte del Gobierno bonaerense. A fines de abril, la administración provincial puso en marcha una mesa de trabajo interministerial encabezada por funcionarios de Desarrollo de la Comunidad, Educación, Seguridad y Gobierno para coordinar acciones frente a las amenazas en establecimientos educativos y fortalecer los mecanismos de prevención y actuación conjunta.

Con el respaldo del Senado, el proyecto impulsado por el PRO busca instalar la discusión sobre la convivencia escolar en el centro de la agenda pública. Si bien la declaración no tiene carácter vinculante, representa un pronunciamiento político de la Cámara Alta que reclama avanzar hacia una estrategia integral, permanente y de alcance provincial para enfrentar una problemática que, según coinciden oficialismo y oposición, dejó de ser una sucesión de casos aislados para convertirse en uno de los principales desafíos del sistema educativo bonaerense.