Polémica en puerta: millonarios gastos en la Caja de Abogados desatan otro conflicto

La publicación del último balance de la Caja de Previsión Social para Abogados de la provincia de Buenos Aires volvió a poner bajo la lupa el funcionamiento del organismo. Según la documentación correspondiente al ejercicio comprendido entre el 1° de febrero de 2025 y el 31 de enero de 2026, el Directorio y la Comisión Revisora de Cuentas destinaron cerca de $2.400 millones a viáticos, traslados, alojamiento y otros gastos de funcionamiento, un dato que reavivó el debate sobre la administración de los aportes previsionales.

Las cifras oficiales muestran que el Directorio ejecutó más de $2.154 millones en concepto de viáticos, movilidad y alojamiento de sus integrantes. A ese monto se sumaron otros $136 millones destinados a aprovisionamiento y refrigerios, mientras que la Comisión Revisora de Cuentas registró erogaciones superiores a los $101 millones. Los números forman parte del balance institucional publicado por la propia Caja y comenzaron a ser cuestionados por distintos sectores de la matrícula.

La polémica cobró fuerza luego de que la Asociación de Abogados Jubilados para la Caja de Previsión anunciara que trabaja en un proyecto para modificar la Ley 6.716, norma que regula el funcionamiento del sistema previsional de los profesionales bonaerenses. Desde la entidad aclararon que no impulsan la eliminación de la Caja, sino una reforma de su estructura de gobierno para adecuarla a la realidad actual del ejercicio de la profesión.

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Entre los principales cambios propuestos aparece una reducción en la cantidad de integrantes del Directorio, que actualmente cuenta con representación de los colegios departamentales de abogados, además de la incorporación de mecanismos de elección directa de las autoridades y mayores controles internos. También plantean limitar las reelecciones y fortalecer el rol de la sindicatura mediante perfiles con experiencia específica en materia financiera y previsional.

El debate se produce en un contexto complejo para la profesión. En los últimos años, distintos sectores de abogados activos y jubilados expresaron preocupación por el nivel de los aportes obligatorios, la evolución de las prestaciones previsionales y la sostenibilidad del sistema. Durante la pandemia, incluso, la Caja fue cuestionada por profesionales que reclamaban una mayor asistencia económica frente a la caída de la actividad.

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Mientras la reforma comienza a ganar espacio en la agenda legislativa, el balance oficial volvió a instalar interrogantes sobre el destino de los recursos administrados por la institución. Con miles de afiliados que realizan aportes obligatorios para financiar el sistema previsional, la discusión promete sumar nuevos capítulos en torno a la transparencia, los costos de funcionamiento y el modelo de conducción de uno de los organismos profesionales más importantes de la provincia de Buenos Aires.