El Frente Renovador volvió a poner la seguridad en el centro de la agenda legislativa bonaerense con un proyecto presentado por el diputado provincial Carlos Puglelli para autorizar el uso de armas no letales en la Policía de la provincia de Buenos Aires. La iniciativa, ingresada en la Cámara de Diputados, propone modificar la Ley 13.482 e incorporar un marco específico para el empleo de estos dispositivos bajo estrictos protocolos de capacitación y control.
El texto incorpora dos nuevos artículos a la normativa vigente. Por un lado, habilita el uso de armas no letales únicamente para efectivos en actividad que hayan aprobado cursos técnicos y evaluaciones psicofísicas. Por otro, establece una definición legal de estos dispositivos, describiéndolos como herramientas electrónicas o neumáticas capaces de generar una incapacidad temporal sin provocar lesiones permanentes.
Uno de los aspectos centrales del proyecto es la diferenciación entre las tradicionales picanas eléctricas y los dispositivos conductores de energía por proyectil (CED), como las pistolas Taser. Según los fundamentos, estos últimos permiten intervenir a distancia y reducir riesgos tanto para el personal policial como para terceros, siempre bajo el principio de uso gradual y proporcional de la fuerza.

Puglelli también tomó como base un informe técnico elaborado por la investigadora Natasa Loizou, especializada en este tipo de tecnologías. El documento sostiene que la expresión "armas no letales" resulta más adecuada que "armas electrónicas", ya que engloba otros sistemas de inmovilización, como los dispositivos neumáticos utilizados en distintos países.
La propuesta aclara además que la Provincia no modificaría la legislación nacional sobre armas, sino que avanzaría en la regulación del equipamiento que podrán utilizar sus fuerzas de seguridad. En ese sentido, recuerda que la Ley Nacional 20.429 y su reglamentación ya contemplan este tipo de dispositivos, mientras que cada jurisdicción conserva la potestad de definir su incorporación y reglamentación operativa.
El proyecto también obliga a implementar registros detallados de cada intervención en la que se empleen estas armas, con mecanismos de trazabilidad y supervisión. La intención es que cada utilización pueda ser auditada posteriormente, garantizando transparencia y reduciendo los riesgos de un uso indebido por parte de los efectivos.

La discusión no es nueva en la política argentina. Mientras la Policía de la Ciudad ya incorporó pistolas Taser y otras provincias avanzaron en regulaciones similares, como Río Negro, en Provincia de Buenos Aires el debate reaparece periódicamente sin haber logrado hasta ahora una ley específica que ordene su utilización dentro de la Fuerza Policial Bonaerense.
La iniciativa del massismo también tiene una lectura política. En medio de la reorganización del peronismo bonaerense, el espacio que lidera Sergio Massa busca instalar una agenda enfocada en seguridad ciudadana y gestión, con proyectos vinculados al combate del delito. La propuesta sobre armas no letales promete abrir un nuevo debate dentro de la Legislatura y también hacia el interior de Fuerza Patria, donde existen posiciones diferentes sobre el alcance que debería tener esta herramienta en las fuerzas policiales.