Trabajadores del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) rechazaron la suba al valor de la compensación especial por recargo de servicio que decretó el Gobierno provincial de Axel Kicillof. La actualización alcanza tanto a agentes administrativos como a quienes cumplen funciones de seguridad.
“La burla de una gestión: Cuando el Estado valora nuestra vida y nuestra labor con migajas. Una vez más, el Gobierno pretende vendernos como un ‘logro’ lo que es, en realidad, una bofetada a la dignidad del personal penitenciario”, fustigaron los penitenciarios bonaerenses.
Y añadieron: “El Ejecutivo oficializó una actualización que solo desnuda el desprecio absoluto que los funcionarios tienen por nuestra labor. Es una vergüenza lo que pretenden que valga nuestra vida, nuestro riesgo profesional, nuestro cansancio y el uso sistemático que hacen de nosotros para cubrir el déficit de personal. Los nuevos valores son un insulto”.


La decisión del Ejecutivo rige con retroactividad al 1° de mayo de 2026 y establece una suba del 50% respecto de la última actualización, que había tenido lugar en septiembre de 2024.
De esta manera, la administración de Kicillof vuelve a mover uno de los componentes salariales más sensibles dentro del SPB, tras una serie de reclamos públicos por salarios, condiciones laborales y planteos administrativos que el sector registra desde hace años.

De acuerdo con el decreto publicado en el Boletín Oficial, el Estado provincial estableció una actualización diferenciada para la compensación especial por recargo de servicio, según el tipo de tarea que cumple cada agente penitenciario.
En ese marco, el personal abocado a funciones estrictamente administrativas percibirá $900 por hora, mientras que quienes desarrollan tareas de seguridad cobrarán $1.800 bajo la misma modalidad.
A través de los fundamentos de la norma, las autoridades bonaerenses señalaron que la medida busca garantizar la operatividad del servicio, particularmente en áreas donde la extensión de la jornada resulta indispensable para el cumplimiento de funciones críticas, como traslados de internos, guardias reforzadas, diligencias administrativas urgentes y cobertura de servicios extraordinarios.

La resolución llega en medio de un clima de tensión entre los trabajadores penitenciarios, que a comienzos de junio elevaron un petitorio dirigido a la gestión kicillofista para exigir respuestas sobre salarios, horas extras, adicionales, equipamiento y condiciones laborales.
En primer término, los impulsores del reclamo señalaron que la actividad penitenciaria requiere horarios laborales acordes con el desgaste físico, psíquico y emocional que implica la función, además de una revisión integral del régimen de recargos y servicios extraordinarios.
Por otra parte, los ingresos aparecen como el principal eje de preocupación dentro del sector. Si bien el Gobierno bonaerense otorgó el último incremento en abril pasado, los agentes del SPB reclamaron una actualización urgente de horas extras y adicionales, al sostener que estos conceptos quedaron rezagados frente al avance inflacionario y la pérdida de poder adquisitivo.


Asimismo, el petitorio también incluyó pedidos para actualizar las partidas destinadas a uniformes y equipamiento. Sobre este punto, los firmantes advirtieron que los recursos actualmente asignados ya no alcanzan para afrontar los gastos que demanda la prestación del servicio, una situación que obliga a muchos agentes a cubrir costos con recursos propios.
Ante este escenario, la actualización de los recargos aparece como una respuesta parcial de la conducción bonaerense hacia uno de los planteos más sensibles del sector.

Sin embargo, el reclamo de los trabajadores del SPB se inscribe en un contexto más amplio para la gestión provincial, puesto que las paritarias con distintos sectores estatales continúan abiertas y todavía no existe un acuerdo general que permita descomprimir la tensión salarial, cuando se acerca el pago del medio aguinaldo de junio.
El enojo por parte de los agentes penitenciarios se suma al malestar por parte de la Policía Bonaerense y que se manifestó a comienzos de año, debido al estado de los salarios y las condiciones laborales.