Punta Mogotes: General Pueyrredón denunció al gobierno de Kicillof por incumplir una orden judicial

El Municipio de General Pueyrredon denunció este viernes a la Provincia de Buenos Aires ante la Justicia por la extensión de los contratos de los balnearios de Punta Mogotes. La presentación fue realizada luego de que el directorio del ente administrador aprobara la medida y, según la comuna, busca alterar el escenario previo a una audiencia judicial decisiva que se realizará el 30 de junio en Mar del Plata.

La ofensiva judicial fue impulsada por el Ejecutivo local mediante escritos presentados en el Juzgado Contencioso Administrativo N°1. El apoderado municipal, Mauro Martinelli, sostuvo que la decisión adoptada por la representación provincial constituye una acción destinada a esquivar el análisis de la Justicia y a consolidar un hecho consumado antes de que el magistrado emita una resolución sobre el conflicto.

De acuerdo con el planteo del Municipio, la aprobación de la prórroga hasta abril de 2027 fue impulsada con celeridad para dejar sin efecto práctico la audiencia convocada por el juez. La comuna entiende que la Provincia avanzó sin esperar una definición judicial y que la medida persigue el objetivo de modificar las condiciones del litigio que mantiene enfrentadas a ambas administraciones.

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Luego de la aprobación del acta por parte de la mayoría provincial dentro del ente, el gobierno local reformuló su estrategia legal. En lugar de limitarse a solicitar que no se produzcan cambios en la situación actual, pidió una medida de carácter innovativo para suspender de inmediato los efectos de la resolución y retrotraer el escenario al estado previo a la votación cuestionada.

Otro de los argumentos incorporados por la administración municipal apunta a la validez de la extensión otorgada. Según sostuvo en la presentación judicial, los pliegos originales del complejo contemplaban una única prórroga extraordinaria por un plazo máximo de cinco años, posibilidad que ya habría sido utilizada y agotada en 2019. Por ese motivo, consideran que la nueva decisión carece de respaldo contractual.

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La disputa por Punta Mogotes sumó así un nuevo capítulo en una confrontación que excede la cuestión turística y se centra en el control del predio. Mientras la Provincia defiende su intervención en el ente administrador, el Municipio insiste en recuperar la gestión de esas tierras y denuncia una avanzada que vulnera la autonomía local en un momento clave para definir el futuro del complejo costero.