La Justicia imputó al subsecretario de Legal y Técnica de San Pedro, Daniel Porta, en el marco de una investigación iniciada a partir de una denuncia del Sindicato de Trabajadores Municipales. La acusación apunta a una presunta modificación unilateral de un artículo del Convenio Colectivo de Trabajo que habría afectado las condiciones laborales de los empleados comunales en medio de un conflicto gremial.
De acuerdo con la resolución judicial, el funcionario fue señalado por los presuntos delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La causa quedó bajo la órbita de la fiscal Viviana Ramos, titular de la UFI N°11 de San Pedro, y cuenta con la intervención del Juzgado de Garantías N°2 del Departamento Judicial de San Nicolás.
Desde el sindicato sostienen que Porta habría introducido cambios en una cláusula del convenio para que el Municipio asumiera el control sobre las comisiones de servicio percibidas por los trabajadores. Según explicaron desde la organización gremial, esa modificación fue utilizada posteriormente como argumento para suspender pagos durante una medida de fuerza impulsada por los empleados municipales.

El caso se desarrolla en un contexto de creciente tensión entre la gestión encabezada por el intendente Cecilio Salazar y el Sindicato de Trabajadores Municipales. En los últimos meses, las diferencias entre ambas partes derivaron en distintas presentaciones judiciales vinculadas a reclamos salariales, condiciones laborales y el manejo de recursos vinculados a los aportes gremiales.
Uno de los puntos más conflictivos está relacionado con una presunta retención indebida de aportes sindicales. Desde el gremio denunciaron que montos descontados de los haberes de los afiliados no habrían sido transferidos a la organización, lo que motivó una nueva denuncia penal. Según afirmaron sus representantes, la deuda acumulada superaría los 180 millones de pesos.
De acuerdo con la versión del sindicato, las retenciones comenzaron en noviembre de 2025, en plena discusión paritaria. Durante ese período, los trabajadores llevaron adelante distintas medidas de acción directa para reclamar una recomposición salarial y mejoras en sus condiciones de trabajo. Mientras avanza la investigación judicial, el conflicto entre el Ejecutivo local y los municipales continúa abierto.