El gobierno de Milei cambió las reglas para elegir jueces de la Corte Suprema

El Gobierno nacional oficializó este martes una reforma en el mecanismo para designar jueces de la Corte Suprema de Justicia. La medida fue impulsada por el presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, mediante el Decreto 467/2026, con el objetivo de acelerar la cobertura de vacantes, simplificar trámites administrativos y adaptar el procedimiento a herramientas digitales.

La modificación alcanza al régimen creado en 2003 a través del Decreto 222, una norma impulsada durante la presidencia de Néstor Kirchner que incorporó mecanismos de publicidad y participación ciudadana para los nombramientos en el máximo tribunal. Desde entonces, ese esquema se convirtió en una referencia para los procesos de selección judicial a nivel nacional.

Uno de los cambios más relevantes elimina la etapa de observaciones e impugnaciones ciudadanas que se realizaba ante el Ministerio de Justicia antes del envío de los pliegos al Senado. Según el Ejecutivo, esa instancia duplicaba procedimientos que continúan vigentes en la Cámara Alta nacional y generaba demoras innecesarias en los nombramientos.

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La nueva reglamentación mantiene las audiencias públicas y el tratamiento de los candidatos en la Comisión de Acuerdos del Senado, donde ciudadanos, organizaciones e instituciones podrán seguir presentando observaciones. Además, se conserva la exigencia constitucional de obtener una mayoría de dos tercios de los senadores presentes para aprobar cada designación.

Otro aspecto de la reforma apunta a la difusión de antecedentes. A partir de ahora, la información de los postulantes deberá publicarse en el Boletín Oficial y en la página web del Ministerio de Justicia, dejando atrás la obligación de hacerlo en diarios de circulación nacional. El Gobierno sostiene que el cambio responde a los actuales hábitos de acceso a la información pública.

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La norma también fija plazos más breves para distintos organismos que intervienen en el proceso. Los candidatos deberán presentar sus declaraciones juradas patrimoniales en un máximo de cinco días, mientras que los organismos encargados de verificar información fiscal y previsional contarán con tiempos acotados para emitir sus informes.

Entre las modificaciones que más debate generaron aparece la eliminación de la recomendación presidencial de contemplar criterios de diversidad de género, especialidad jurídica y representación regional al momento de proponer candidatos para la Corte. Ese lineamiento formaba parte del espíritu original del decreto de 2003 y buscaba ampliar la pluralidad dentro del máximo tribunal.

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La decisión llega en momentos en que la Corte Suprema continúa funcionando con menos integrantes que los previstos por ley y mientras el Gobierno busca avanzar con futuras postulaciones para cubrir vacantes. Desde la Casa Rosada aseguran que la reforma apunta a ganar eficiencia, aunque sectores políticos y judiciales ya anticipan una discusión sobre el alcance de los cambios y su impacto en la transparencia del proceso.