El gobierno de Kicillof, la crisis de la universidad y un gasto de $40 millones en videojuegos

El gobierno de Axel Kicillof aprobó la transferencia de más de $40,8 millones a la Universidad Nacional de José C. Paz (UNPAZ) y a la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS) para desarrollar cursos de creación de videojuegos en municipios bonaerenses. La medida, oficializada por el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, busca fortalecer la economía del conocimiento, aunque volvió a poner sobre la mesa el debate por las prioridades presupuestarias en un contexto de reclamos universitarios por financiamiento e infraestructura.

Los fondos serán destinados al diseño, producción y dictado de capacitaciones en el marco del programa Centros Locales de Innovación y Cultura (CLIC), una iniciativa impulsada por la Provincia para acercar herramientas tecnológicas y científicas a distintos distritos. La propuesta ya viene desarrollándose desde años anteriores y apunta a capacitar a jóvenes en áreas como programación, diseño lúdico, narrativa digital y desarrollo de software.

Desde la administración bonaerense sostienen que la industria de los videojuegos forma parte de uno de los sectores con mayor potencial dentro de la economía del conocimiento. De hecho, los cursos impulsados por el programa CLIC se llevaron adelante en más de una decena de municipios y permitieron la formación de cientos de estudiantes que desarrollaron prototipos propios y recibieron certificaciones universitarias.

LEÉ TAMBIÉN:

Crujen las viejas partituras

Kicillof visitó la Universidad de Quilmes, celebró un acto de la JUP pero sin la presencia de Mayra Mendoza

La UNPAZ, una de las instituciones involucradas en los convenios, cuenta incluso con una Licenciatura en Producción y Desarrollo de Videojuegos y viene trabajando junto a la Provincia en proyectos de capacitación vinculados al sector. Durante 2025, docentes e investigadores de esa casa de estudios participaron de cursos en distintos municipios bonaerenses como parte de acuerdos de cooperación con la cartera productiva provincial.

Sin embargo, la decisión generó cuestionamientos debido al contexto que atraviesan numerosas universidades nacionales. Rectores, docentes y estudiantes vienen advirtiendo sobre dificultades para sostener gastos operativos, actualizar equipamiento, ampliar infraestructura y financiar proyectos de investigación. En paralelo, distintas instituciones reclaman mayores recursos para garantizar el funcionamiento de laboratorios, bibliotecas y servicios esenciales.

LEÉ TAMBIÉN:

Cruce político en la Cámara alta

Intendentes denuncian que el Gobierno de Milei frena la creación de dos nuevas universidades

La controversia no pasa por la legalidad de los convenios, ya que las universidades nacionales pueden ser contratadas por organismos estatales para brindar asistencia técnica y capacitación especializada. De hecho, la Provincia mantiene numerosos acuerdos de cooperación con casas de altos estudios para desarrollar programas de innovación, formación profesional y transferencia tecnológica.

Mientras el oficialismo defiende la inversión como una apuesta estratégica para generar empleo calificado y fomentar nuevas industrias, sectores críticos consideran que el desembolso reabre una discusión más amplia sobre el destino de los recursos públicos. En un escenario marcado por restricciones presupuestarias y demandas crecientes del sistema educativo, la decisión de destinar más de $40 millones a cursos de videojuegos volvió a instalar la pregunta sobre cuáles deben ser las prioridades del gasto estatal.