El gobernador bonaerense Axel Kicillof presentó el miércoles ante la Corte Suprema de Justicia un pedido de medida cautelar para que la Nación transfiera de manera inmediata los más de $2,3 billones que, según la Provincia, la ANSES adeuda a la caja previsional bonaerense. La decisión fue adoptada luego de que el gobierno de Javier Milei incumpliera por tercera vez el compromiso de presentar una propuesta de pago durante las audiencias de conciliación convocadas por el máximo tribunal.
La definición marcó un nuevo capítulo en la creciente disputa entre la Casa Rosada y la administración bonaerense por los recursos coparticipables y las transferencias que, según La Plata, fueron interrumpidas o reducidas desde el inicio de la gestión libertaria. La deuda reclamada corresponde a fondos previsionales que la Nación debe girar a las provincias que conservan sus propias cajas jubilatorias, entre ellas la Provincia de Buenos Aires.
Tras la audiencia, Kicillof confirmó que la Provincia dio por agotada la instancia de negociación. “El Gobierno nacional se había comprometido a llegar a esta audiencia con una propuesta de adelantos, pero nuevamente dijeron que todavía tenían que realizar una serie de trabajos técnicos”, sostuvo el mandatario provincial al salir del Palacio de Tribunales. “En base a ello, dimos por terminada esta etapa de conciliación y decidimos avanzar por la vía cautelar”, agregó.

La controversia se remonta a la suspensión de transferencias vinculadas al financiamiento de las cajas previsionales provinciales. En abril pasado, durante una audiencia previa, la Corte había instado al Estado nacional y a la ANSES a presentar una propuesta concreta de pago antes del 10 de junio. Sin embargo, esa oferta nunca llegó y la administración bonaerense interpretó el hecho como un incumplimiento de los compromisos asumidos ante el tribunal.
Desde la Gobernación sostienen que el reclamo excede el monto previsional actualmente judicializado. Según estimaciones oficiales, entre fondos retenidos, programas discontinuados y caída de recursos, la deuda total que la Provincia atribuye a la Nación supera los $22 billones. “No estamos hablando de números pequeños: eso equivale a la mitad del presupuesto anual bonaerense”, afirmó Kicillof.

El mandatario también cuestionó el criterio con el que el Gobierno nacional distribuyó recursos entre las provincias. “Si bien a algunas jurisdicciones ya les han transferido, siguen incumpliendo con la provincia de Buenos Aires”, señaló, al tiempo que vinculó esa situación con la estrategia fiscal de la administración libertaria para sostener el equilibrio de las cuentas públicas.

La causa previsional es apenas una de las varias demandas que la gestión bonaerense mantiene abiertas ante la Corte Suprema. En La Plata recuerdan que existen otros expedientes vinculados a obras públicas paralizadas, fondos educativos, transporte y programas nacionales que fueron suspendidos durante los últimos meses, lo que profundizó la tensión política entre Kicillof y Milei.

Ahora la decisión quedó en manos de la Corte Suprema. Si el máximo tribunal hace lugar a la cautelar solicitada por la Provincia, el Gobierno nacional podría verse obligado a realizar transferencias mientras continúa la discusión de fondo sobre la deuda. De ocurrir, se trataría de un fallo con fuerte impacto económico y político en medio de la disputa entre la administración bonaerense y la Casa Rosada por el reparto de recursos federales.