Kicillof cambia las reglas de la obra pública bonaerense y abre un nuevo escenario

El gobernador Axel Kicillof oficializó este martes una profunda actualización del régimen de obra pública de la provincia de Buenos Aires mediante el Decreto 623/2026, publicado en el Boletín Oficial. La medida modifica los mecanismos de contratación, ejecución y financiamiento de proyectos provinciales con el objetivo de adecuar la normativa a los cambios incorporados en la Ley de Presupuesto 2026 y modernizar los procesos administrativos vinculados a la infraestructura pública.

Uno de los principales cambios alcanza al Consejo de Obras Públicas, organismo que tendrá una participación exclusivamente técnica antes de cada licitación. A partir de ahora, su intervención quedará concentrada en la evaluación de proyectos, presupuestos, pliegos y aspectos constructivos, dejando de lado otras instancias administrativas. La modificación se desprende de los cambios introducidos sobre la histórica Ley 6.021 de Obras Públicas, vigente en la Provincia desde 1959.

El nuevo esquema también redefine los criterios para adjudicar contratos. Si bien la oferta económica continuará teniendo un peso determinante, los organismos provinciales podrán incorporar variables adicionales al momento de seleccionar una propuesta. Entre ellas figuran la capacidad técnica de las empresas, antecedentes de ejecución, solvencia financiera y criterios asociados a la sostenibilidad y calidad de los proyectos.

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Otro de los puntos centrales del decreto está relacionado con las modificaciones contractuales durante la ejecución de las obras. La norma establece reglas más precisas para incorporar trabajos adicionales, ampliar plazos, resolver imprevistos técnicos o autorizar cambios en los proyectos originales. Además, habilita mecanismos para extender contratos cuando existan razones fundadas que alteren los cronogramas previstos.

La actualización también impacta sobre las contrataciones directas. En ese sentido, la Provincia modificó los parámetros utilizados para determinar cuándo puede aplicarse este mecanismo excepcional y estableció como referencia el valor del metro cuadrado de construcción, indicador que será actualizado periódicamente por el Ministerio de Infraestructura. Este criterio ya viene siendo utilizado en distintas reglamentaciones vinculadas a la Ley 6.021.

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En materia financiera, el decreto ratifica que cada presupuesto provincial deberá contemplar los recursos necesarios para afrontar obras que demanden más de un ejercicio fiscal. También reglamenta los procedimientos de pago a contratistas y dispone que las transferencias se realicen mediante cuentas bancarias registradas a nombre de los adjudicatarios. Según lo establecido por la normativa, los cambios vinculados a licitaciones se aplicarán a los procesos que aún no hayan abierto ofertas, mientras que varias de las nuevas disposiciones sobre ejecución alcanzarán a contratos actualmente en marcha, siempre que no alteren las condiciones de igualdad entre los participantes.