Ayer | Más equipamiento
15/06/2026 - Edición Nº3546
Municipios
Denuncia y cuestionamientos
Escándalo de Avellaneda: un funcionario de Ferraresi se quedó con una casa de un Plan Federal de Viviendas
05/06/2026 11:26 | Un concejal opositor denunció que un integrante del gabinete de Jorge Ferraresi recibió una casa de un plan habitacional. El caso llegó al Tribunal de Cuentas y desató cuestionamientos.
El concejal de PRO en Avellaneda, Lucas Yacob, denunció públicamente el pasado 28 de mayo que el intendente local, Jorge Ferraresi, adjudicó de forma directa y sin sorteo una propiedad de un plan habitacional a Patricio Gonzalo Pavón, actual subsecretario de Administración municipal. La presentación generó un fuerte revuelo en el Concejo Deliberante debido a que el inmueble forma parte de un predio de ocho unidades funcionales construido con fondos públicos en la localidad de Piñeiro.
En este sentido, la oposición local formalizó un pedido de informes para esclarecer el mecanismo de asignación de los complejos habitacionales frente a los reiterados reclamos vecinales por la falta de transparencia en el acceso a la vivienda única.El cuestionamiento se centra específicamente sobre la figura de Pavón, quien se desempeña en la órbita de la Jefatura de Gabinete comunal bajo el ala de Magdalena Sierra, esposa del propio jefe comunal.
El funcionario resultó beneficiario de una de las casas del programa federal Casa Propia-Construir Futuro, una política de hábitat que curiosamente fue diseñada e impulsada por el propio Ferraresi durante su etapa como ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación. Para mayor tenor político, la unidad en cuestión, emplazada en las calles Catamarca y Entre Ríos, fue inaugurada y entregada formalmente el 6 de mayo de 2024 en un acto que contó con la presencia del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.
LEÉ TAMBIÉN:
Más herramientas
Kicillof aterrizó en Avellaneda y entregó 30 nuevos patrulleros para fortalecer la seguridad
Desde las filas opositoras, Yacob cuestionó con dureza las prioridades de la gestión municipal al asegurar que los vecinos manifiestan una constante imposibilidad para acceder a las viviendas que financia el Estado, mientras acusan que los inmuebles terminan en manos de funcionarios o militantes oficialistas que inclusive llegan a alquilarlos de manera particular.
“Manejan la ciudad como el patio de su casa”, fustigó el edil de PRO, tras advertir que el beneficiario de la propiedad arrastra un largo recorrido político dentro de la estructura local, habiendo cumplido previamente funciones institucionales como secretario privado de la propia jefa de Gabinete comunal. Frente a las acusaciones vertidas, fuentes confiables del Palacio Municipal salieron al cruce de la polémica para intentar desestimar las sospechas de favoritismo y aclararon que las viviendas bajo la lupa no se otorgan de forma gratuita, sino que se abonan mediante cuotas mensuales fijas.
En esta misma línea, precisaron que el plan original contemplaba un subprograma específicamente segmentado para la clase media y los trabajadores de la comuna, detallando que las cuotas se debitan de manera automática a través de los recibos de sueldo municipales. Bajo este argumento, justificaron la legitimidad del trámite al señalar que, al momento de recibir el beneficio, Pavón revestía el carácter de empleado de planta y no el cargo jerárquico que ostenta en la actualidad.
No obstante, el conflicto escaló al plano institucional tras revelarse que la adjudicación habitacional a los empleados jerárquicos de Avellaneda fue severamente observada por el Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires (HTC). En un informe de auditoría emitido el pasado 9 de abril, el órgano de control bonaerense examinó el ejercicio financiero municipal del año 2024 y detectó marcadas inconsistencias legales en la fundamentación de las entregas operadas por la intendencia.
LEÉ TAMBIÉN:
Vuelta a clases
Kicillof encabezó el inicio al ciclo lectivo en Avellaneda y ponderó el rol de las Escuelas Técnicas
Los auditores provinciales remarcaron que el municipio aplicó una ordenanza de adhesión a los fondos nacionales pero omitió el marco normativo complementario local para la selección del personal. La resolución del Tribunal de Cuentas, organismo que encabeza el dirigente Federico Thea, determinó con rigurosidad que las partidas presupuestarias enviadas por la Nación debían encauzarse para responder al déficit habitacional de la comunidad en general o de sectores vulnerables específicos.
De este modo, el dictamen determinó que no resulta procedente establecer privilegios de asignación en favor del personal municipal por encima del resto de los ciudadanos del distrito, subrayando además que las normativas locales vigentes no avalan en ningún tramo la preadjudicación de unidades en forma directa y sin procesos de concurrencia pública.
LEÉ TAMBIÉN:
Video completo
Robo e impunidad en Avellaneda: se repartieron el botín en la calle y la policía se negó a intervenir
Tras la repercusión del informe, voceros oficiales del Municipio de Avellaneda minimizaron las conclusiones de los revisores bonaerenses y aseguraron de forma escueta que todas las observaciones formales planteadas por el Tribunal de Cuentas ya fueron debidamente resueltas y aclaradas ante las dependencias correspondientes.
Asimismo, desde la administración comandada por Jorge Ferraresi enfatizaron que el procedimiento administrativo se encuentra regularizado, por lo cual la Comuna no debió afrontar ningún tipo de sanción legal ni apercibimiento económico por la polémica distribución del plan de viviendas que se llevó a cabo durante la gestión nacional de Alberto Fernández.
